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TIJUANA.- Organismos empresariales de Baja California propusieron una reducción del Impuesto sobre Nómina (ISN) y manifestaron su rechazo a la posible eliminación del Fideicomiso Empresarial del Estado (FIDEM), durante una reunión plenaria estatal encabezada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El presidente del CCE Tijuana y coordinador estatal del Consejo Técnico de los CCE’s, Roberto Lyle Fritch, advirtió que el actual gravamen de 4.25% sobre nómina —el más alto del país— resta competitividad a la región, por lo que el sector empresarial exige bajarlo a un 3%, nivel similar al de entidades como Guanajuato o Chihuahua.
“El sector productivo está unido en esta solicitud. Estamos 70% por encima del promedio nacional y eso afecta la atracción de inversiones y la generación de empleo. Es urgente corregirlo para recuperar competitividad”, expresó Lyle Fritch.
Además, cuestionó el destino de los más de 12 mil millones de pesos que el Gobierno del Estado estima recaudar en 2025 con el actual impuesto. Indicó que es fundamental tener claridad sobre cómo se utilizarán esos recursos.
Respecto al FIDEM, los líderes empresariales defendieron su continuidad como herramienta estratégica para impulsar proyectos en sectores como el desarrollo económico, la educación y la seguridad pública. “Queremos que se nos escuche antes de tomar decisiones que impactan a toda la entidad”, señaló el dirigente.
Durante el encuentro, al que asistieron representantes de los CCE de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Rosarito, así como del Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana (CDT), se acordaron cuatro acciones concretas:
1. Solicitar una mesa de diálogo con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
2. Revisar el funcionamiento del comité técnico del FIDEM.
3. Impulsar un programa de incentivos para mejorar la competitividad.
4. Promover la reducción del ISN a una tasa del 3%.
Joel Villalobos Gutiérrez, presidente del CCE Tecate, enfatizó que el incremento al ISN no fue consensuado con el sector empresarial y recordó que más de 2,400 empresas han cerrado en el último año, con la pérdida de al menos 25 mil empleos formales.
En ese sentido, Ana Alicia Meneses Martínez, presidenta del CDT, aclaró que los recursos del FIDEM no se manejan de forma discrecional, sino a través de un comité en el que participan la gobernadora y cuatro secretarías del gabinete estatal. “No se trata de dinero que usamos a voluntad; hay reglas y supervisión”, precisó.
Los empresarios recordaron que el sector privado representa el 90% del Producto Interno Bruto (PIB) estatal y genera más de 320 mil empleos, por lo que exigieron ser incluidos en las decisiones que afectan al desarrollo económico de Baja California.
El sector concluyó que es necesario preservar el FIDEM, reducir el ISN y fortalecer el diálogo con la autoridad estatal para evitar que el estado continúe cayendo en los indicadores de competitividad, donde actualmente ocupa el lugar 19 de 20 a nivel nacional.
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