Propone que víctimas no paguen grúa ni almacenaje por recuperación de sus vehículos

En Línea Baja California

MEXICALI, BC.- Con el objetivo de proteger los derechos de las víctimas de hechos delictivos y evitar que enfrenten cargas económicas adicionales, el diputado Humberto Valle Ballesteros, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) para eliminar cobros por concepto de grúa, arrastre, maniobras, depósito o almacenaje de vehículos asegurados.

El legislador advirtió que una persona que ha sido víctima de un delito no debe enfrentar además la obligación de cubrir costos derivados del traslado y resguardo de su vehículo, particularmente cuando estos procesos son ejecutados por la autoridad como parte de las diligencias de investigación.

“Es inaceptable que una víctima de robo o de un delito de tránsito tenga que pagar, en ocasiones, más por el almacenaje que lo que vale su propio automóvil”, expresó Valle Ballesteros durante la presentación de la iniciativa.

La propuesta contempla que, una vez concluidos los actos de investigación, los vehículos involucrados deberán ser entregados sin costo alguno a sus legítimos propietarios, aun cuando se encuentren resguardados en corralones o depósitos concesionados por el servicio público.

Además, el legislador denunció que en muchos casos las víctimas ni siquiera son notificadas de que sus unidades fueron recuperadas y trasladadas a un depósito, lo que da lugar a que acumulen altas tarifas de almacenaje por cada día que el vehículo permanece bajo resguardo.

La iniciativa también establece sanciones para concesionarios que se nieguen a entregar los vehículos sin cobro, contemplando incluso la revocación de sus contratos y permisos de operación, así como responsabilidad penal conforme al Código Penal vigente.

Valle Ballesteros subrayó que la FGE no cuenta con espacios propios para el resguardo de vehículos, lo que no debe traducirse en perjuicio para las víctimas, quienes ya enfrentan pérdidas materiales o daños derivados del delito.

La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis, y de ser aprobada, representaría un avance en la defensa de los derechos de las víctimas en Baja California, evitando la revictimización y estableciendo un precedente de justicia administrativa.