Buscan actualizar ley de casas de empeño en Baja California para dar certeza jurídica
La propuesta, turnada a la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional del Congreso local, plantea modificar diversos artículos de la normativa.
En Línea Baja California
MEXICALI, BC.— Con el propósito de armonizar la legislación estatal con las disposiciones constitucionales vigentes y brindar mayor certeza jurídica, la diputada Araceli Geraldo Núñez presentó una iniciativa de reforma a la Ley que Establece las Bases de Operación de las Casas de Empeño del Estado de Baja California.
La propuesta, turnada a la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional del Congreso local, plantea modificar diversos artículos de la normativa para sustituir referencias obsoletas y actualizar la nomenclatura institucional, en concordancia con la actual estructura del gobierno estatal.
Uno de los ejes principales de la iniciativa es reemplazar las menciones al “salario mínimo” por la “Unidad de Medida y Actualización” (UMA), conforme al Decreto de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2016. Esta medida busca evitar confusiones legales y asegurar la correcta aplicación de sanciones y obligaciones previstas en la ley.
Asimismo, la legisladora propone actualizar la denominación de la Secretaría de Planeación y Finanzas por la actual Secretaría de Hacienda, en los artículos 25 y 47 de la ley, a fin de reflejar la nueva organización administrativa del Poder Ejecutivo estatal.
“La responsabilidad de las y los legisladores es revisar y adecuar permanentemente el marco normativo estatal, garantizando que las leyes correspondan con la realidad jurídica y administrativa del Estado. Es así como podemos brindar certeza y legalidad a quienes se rigen bajo estas normas”, sostuvo Geraldo Núñez al presentar la propuesta ante el pleno.
La iniciativa también contempla ajustes en los artículos 15, 25 y 40 para establecer con claridad las bases para la imposición de multas, ahora determinadas con base en la UMA y no en el salario mínimo, lo que permitirá una mayor precisión legal y operativa.
De aprobarse, esta reforma permitiría una mejor aplicación de la ley en materia de casas de empeño, evitando vacíos normativos y facilitando el trabajo de las autoridades encargadas de su regulación.
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