Aprueban siete dictámenes clave para fortalecer servicios, vivienda social y fiscalización en BC

En Línea Baja California

Mexicali, BC.— En una productiva sesión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado, presidida por la diputada Julia González Quiroz, fueron aprobados los proyectos que dan origen a los dictámenes del número 67 al 73, con opinión técnica de la Auditoría Superior del Estado, abordando temas prioritarios para el desarrollo social, urbano y fiscal de Baja California.

Entre los acuerdos más relevantes, destaca el Dictamen No. 67, que autoriza la desincorporación de tres inmuebles propiedad de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) para su enajenación mediante licitación pública. Los recursos obtenidos se destinarán a identificar nuevas fuentes de financiamiento, con el objetivo de mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

En materia de vivienda social, se aprobó el Dictamen No. 68, que modifica la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana para el ejercicio fiscal 2025, a fin de exentar de derechos a personas físicas y morales inscritas en el Programa Estatal de Vivienda 2022-2027. Esto beneficiará a desarrollos certificados por la Secretaría de Infraestructura estatal y alineados con el Programa de Vivienda para el Bienestar del Gobierno Federal.

Asimismo, el Dictamen No. 69 reforma el artículo 18 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana para exentar del pago de derechos por trámites de reconocimiento de hijos y corrección de actas de nacimiento, en apoyo a grupos vulnerables y en cumplimiento de los derechos fundamentales.

En línea con el impulso a la vivienda social, el Dictamen No. 70 propone una reforma similar a la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, exentando del pago de impuestos y derechos asociados a desarrollos habitacionales dirigidos a personas de bajos ingresos.

En temas de fiscalización, el Dictamen No. 71 avala una reforma a los artículos 24 y 94 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, reconociendo la auditoría forense como una atribución formal de la Auditoría Superior del Estado, lo cual fortalece su capacidad para combatir irregularidades y asegurar el cumplimiento del principio de legalidad.

Por otra parte, el Dictamen No. 72 autoriza una ampliación presupuestal para la Fiscalía General del Estado, con recursos derivados de rendimientos financieros del ejercicio fiscal 2024. Este fondo se destinará al fideicomiso de pensiones y prestaciones de seguridad social para agentes estatales de investigación, peritos y ministerios públicos.

Finalmente, el Dictamen No. 73 reforma la Ley de Coordinación Fiscal del Estado para establecer que el Consejo de Coordinación Hacendaria deberá reunirse al menos una vez al año. Esta medida busca fortalecer la revisión y mejora de los sistemas de distribución de participaciones y los programas de colaboración fiscal.

En la sesión participaron las y los diputados Michel Sánchez, Alejandra Ang, Jaime Cantón y Alejandrina Corral, así como el Auditor Superior del Estado en funciones, Arnulfo Zárate. También estuvieron presentes Ricardo Daniel Garduño, Oficial Mayor de la Fiscalía, y Miguel Ángel Tapia, Director de Recursos Financieros de la misma institución.