Plantea Echevarría hasta 8 años de cárcel por instalar retenes falsos en carreteras de BC

En Línea Baja California

MEXICALI, BC.- Ante el aumento de denuncias por la instalación de retenes falsos en carreteras estatales, principalmente en zonas rurales de Mexicali, Tecate y Ensenada, el diputado Diego Echevarría Ibarra presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Baja California para castigar con hasta ocho años de prisión a quienes suplanten funciones de autoridades de seguridad y monten puntos de revisión sin facultades legales.

“Estos puntos falsos de revisión no solo suplantan funciones del Estado, sino que representan un grave riesgo para la ciudadanía, pues han sido utilizados para extorsionar, robar e incluso cometer delitos mayores”, advirtió el legislador.

La propuesta contempla adicionar el artículo 318 Bis al Código Penal estatal, estableciendo una sanción específica y más severa cuando se configure la usurpación de funciones mediante la simulación de retenes. El objetivo es cerrar lagunas legales que han permitido a grupos delictivos operar con impunidad en tramos carreteros, aprovechando la apariencia de legalidad.

Echevarría explicó que los puntos de control legítimos —como retenes de alcoholímetro o de revisión contra el crimen organizado— están regulados por la ley, deben seguir protocolos específicos y estar conformados por personal oficialmente acreditado. “No podemos permitir que delincuentes suplanten a nuestras instituciones para delinquir. Por eso proponemos una pena más severa cuando se simule un retén sin pertenecer a una corporación autorizada”, recalcó.

Durante el último año, diversas comunidades han reportado casos en los que individuos, vestidos con uniformes apócrifos y a bordo de vehículos similares a los oficiales, han detenido a automovilistas para despojarlos de sus pertenencias o exigirles dinero, aprovechando la falta de vigilancia en zonas alejadas.

Actualmente, el Código Penal de Baja California contempla en el artículo 318 sanciones de uno a seis años de prisión y multas de cien a trescientos días por usurpación de funciones. Sin embargo, la nueva propuesta eleva el castigo cuando la modalidad sea la instalación de retenes falsos, por tratarse de una amenaza directa a la seguridad pública y a la confianza ciudadana.

“Esta iniciativa responde al reclamo ciudadano de vivir sin miedo en sus comunidades. Queremos que cada persona que transite por nuestras carreteras tenga la certeza de que quien los detiene realmente representa la ley, no a la delincuencia”, concluyó Diego Echevarría.

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