En Línea Baja California
MEXICALI.-El decomiso de más de ocho millones de litros de hidrocarburo robado en el sauzal, baja california, no sólo revela la dimensión logística del robo de combustibles en el noroeste del país, sino también el nivel de sofisticación, protección y complicidad que estas redes requieren para operar impunemente durante años.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha confirmado que las investigaciones se han ampliado y alcanzan ya a empresas formales del sector gasolinero, que —según líneas de indagatoria— habrían sido beneficiarias del mercado negro de combustible.
Es aquí donde el caso adquiere una dimensión que va más allá de bodegas clandestinas y tractocamiones llenos de gasolina: toca el mundo de los empresarios, los actores políticos y, posiblemente, el de la omisión institucional.
Según notas informativas uno de los nombres que ha comenzado a aparecer en los reportes es el de la empresa de color rosa.
Se trata de empresa con más de 70 estaciones de servicio opera en Baja California, Sonora y Sinaloa. Lo que hasta hace poco parecía una cadena de éxito regional.
Ahora enfrenta señalamientos que apuntan a la sospecha sobre el origen del combustible que oferta, mismo que, de acuerdo con autoridades, se vende a precios por debajo del mercado y sin trazabilidad clara.
Cabe recordar que el predio donde se ubicó el millonario aseguramiento no era menor: 46 remolques cisterna, tractocamiones, motobombas y equipo especializado para la operación clandestina.
La magnitud del hallazgo, así como la ubicación estratégica en el kilómetro 100 de la carretera tijuana-ensenada, demuestra que no se trata de actos improvisados, sino de una estructura organizada y operativa, con respaldo técnico y recursos financieros de alto nivel.
Aún más preocupante es que informes de inteligencia vinculan el sitio con Gerardo Novelo Osuna, exsenador de morena, hoy amparado ante la justicia federal.
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, ha calificado este operativo como uno de los golpes más relevantes al mercado ilegal de combustibles. No obstante, más allá del decomiso, la verdadera prueba será desmantelar la red de complicidades que la hizo posible.
El combate al huachicol no puede seguir enfocado sólo en el “sello” y la manguera. Debe escalar hasta las oficinas corporativas, las campañas políticas y las instituciones que lo han tolerado o ignorado.
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