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El Senado de la República aprobó, con 88 votos a favor y 16 en contra, la Ley del Sistema de Seguridad Nacional, conocida popularmente como la “Ley Espía”, una reforma que ha encendido el debate público y político sobre los límites de la seguridad y la protección de la privacidad en México.
Con el respaldo de legisladores de MORENA y sus aliados del PT, PVEM y MC —e incluso votos de algunos senadores del PAN—, la ley avanzó en el Pleno. Mientras tanto, una parte de la bancada panista y otros opositores denunciaron con vehemencia que la medida representa un atentado contra los derechos fundamentales de los ciudadanos al abrir la puerta a un mayor control y vigilancia del Estado.
Desde el oficialismo, la narrativa es distinta. Diputados y senadores de MORENA defienden la ley como una herramienta indispensable para fortalecer la capacidad del Estado en el combate al crimen organizado y el lavado de dinero. Argumentan que, ante un entorno de violencia y criminalidad, es necesario dotar de mayores facultades de inteligencia a las autoridades para seguir la pista financiera de las organizaciones delictivas.
Pero más allá de la disputa partidista, la aprobación de esta ley ha despertado preocupaciones legítimas en amplios sectores de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y especialistas en privacidad digital. El temor de que se instale un mecanismo de vigilancia masiva, sin controles suficientes ni garantías de protección de datos, no es infundado en un país con un historial de espionaje político y abusos institucionales.
Asimismo, la iniciativa de la ley anti lavado ha encendido las alarmas en el sector empresarial, particularmente entre micro y pequeños empresarios. La ley contempla medidas más estrictas para la supervisión del sistema bancario y la fiscalización de movimientos financieros, lo que, advierten, podría traducirse en mayores costos, trámites e incertidumbre para negocios formales que ya enfrentan condiciones económicas adversas.
La discusión de fondo, por supuesto, no es nueva: ¿hasta dónde puede y debe llegar el Estado en nombre de la seguridad? ¿Cuáles son los límites necesarios para proteger la privacidad y las libertades civiles? Y, en un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones se ve erosionada, ¿cómo garantizar que no haya un uso político de estas herramientas?
El reto ahora es evitar que el debate quede en el terreno de los slogans partidistas y exigir un análisis técnico y jurídico riguroso de la ley. Urge garantizar contrapesos reales, mecanismos de supervisión independiente y transparencia en su aplicación.
Porque si bien nadie niega la urgencia de combatir al crimen organizado, se corre el riesgo de hacerlo al precio de erosionar libertades esenciales. México necesita seguridad, sí, pero no al costo de la vigilancia sin control.
