En Línea Baja California
Mexicali, BC.- La diputada María Yolanda Gaona Medina, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Código Penal del Estado de Baja California, con el objetivo de crear una nueva figura delictiva: el abandono institucional, dirigido a castigar penalmente a los funcionarios públicos que, por omisión, provoquen el deterioro de los servicios básicos que deben garantizar a la ciudadanía.
“Lo hago con absoluta convicción jurídica, con responsabilidad política y, sobre todo, con el respaldo de miles de ciudadanos que viven día a día el deterioro, la omisión y el abandono de quienes debieron servir, pero eligieron ausentarse”, enfatizó la legisladora durante su participación en tribuna.
Gaona Medina subrayó que no se puede llamar negligencia a lo que es una omisión constante y deliberada. “No es descuido cuando una unidad deportiva no recibe inversión en todo un sexenio, y no es casualidad que nuestras calles estén cada vez en peores condiciones, con más de la mitad de las luminarias apagadas. Eso no es olvido, eso es abandono institucional”, sentenció.
La iniciativa propone adicionar el artículo 291 Bis al Código Penal estatal, para establecer penas de dos a seis años de prisión y hasta diez años de inhabilitación para los servidores públicos que, teniendo la responsabilidad de garantizar servicios esenciales —como salud, seguridad, educación, agua potable, alumbrado o mantenimiento urbano—, incurran en omisión deliberada que provoque un riesgo real para la vida, la salud o los derechos fundamentales de la población.
Además, la sanción se agravaría si el abandono afecta directamente a sectores vulnerables como niñas y niños, adultos mayores, personas con discapacidad o en situación de pobreza.
La legisladora panista enfatizó que esta iniciativa no busca únicamente sancionar, sino también dignificar el servicio público, recordando que quienes gobiernan están obligados con la ciudadanía, no con un partido ni con jefes políticos. “Gobernar mal debe tener consecuencias, y dejar morir un servicio público también es una forma de violencia institucional”, concluyó.
La propuesta nace —dijo— desde una bancada responsable y desde el hartazgo de la ciudadanía, que exige una administración eficiente y comprometida con el bienestar común.
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