Editorial:
En Línea Baja California
La rehabilitación del malecón en Playas de Tijuana, promovida durante la administración de Monserrat Caballero, es hoy el reflejo de una gestión pública marcada por la improvisación, el desorden administrativo y la falta de respeto al recurso público. Lo que se presentó con bombo y platillo como una “obra emblemática” para el XXIV Ayuntamiento, terminó por convertirse en un lastre financiero y urbano para la ciudad.
Hoy, funcionarios del nuevo gobierno municipal confirman lo que durante meses fue advertido por expertos y ciudadanía: la obra se ejecutó sin estudios previos, sin planificación integral y con un manejo opaco del presupuesto.
Recientemente Arnulfo Guerrero, actual secretario general del Ayuntamiento, señaló las irregularidades que rodean este proyecto y ha solicitado revisiones a fondo.
La Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental (SDTUA) reveló que el costo estimado para concluir la rehabilitación del malecón ronda los 300 millones de pesos. Lo alarmante no es solo la cifra, sino el hecho de que la obra no estará lista sino hasta 2026, y eso dependiendo del presupuesto que se logre asignar año con año. Es decir, no hay fecha concreta de finalización, ni garantía de que el paseo costero, ícono turístico de Tijuana, vuelva a ser 100 % funcional en el corto plazo.
¿Y qué deja esto para la ciudadanía? Un malecón cerrado por tiempo indefinido, recursos públicos comprometidos sin resultados tangibles, y un nuevo gobierno que ahora debe corregir el rumbo.
La falta de planeación no es un error menor. Implica duplicar costos, retrasar beneficios sociales y económicos, y generar desconfianza en la gestión pública. El proyecto iniciado por la exalcaldesa no solo careció de estudios de impacto urbano, ambiental o estructural, sino que tampoco contó con una estrategia clara de ejecución por etapas. Todo esto en uno de los espacios más emblemáticos para residentes y visitantes.
Hoy el nuevo gobierno municipal enfrenta la tarea de reconstruir no solo el malecón, sino la confianza de la ciudadanía. Será necesario un proceso transparente de revisión de contratos, auditorías técnicas y, sobre todo, un nuevo enfoque que privilegie la planeación responsable, la rendición de cuentas y el respeto al patrimonio público.
Es momento de aprender que las obras públicas no pueden ser impulsadas como herramientas electorales ni ejecutadas al margen de la técnica y la legalidad. Tijuana necesita desarrollo, sí, pero no a cualquier costo ni con improvisaciones.
La ciudad exige obras que se traduzcan en bienestar real, no en deudas ni en ruinas inconclusas al borde del mar.
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