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MEXICALI, BC.– Para garantizar que la atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres sea una prioridad real en el próximo ejercicio fiscal, el Congreso del Estado exhortó a la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Hacienda y a las presidencias municipales de los siete ayuntamientos a asegurar el presupuesto necesario para los Institutos Municipales de las Mujeres y sus entes equivalentes en 2026.
El punto de acuerdo fue presentado por la diputada Michel Sánchez Allende, quien sostuvo que un financiamiento suficiente resulta esencial para que estas instituciones cumplan con sus obligaciones ordinarias y extraordinarias.
“Un presupuesto adecuado permitirá dar cumplimiento a la Ley Daryela y atender las recomendaciones derivadas de la Alerta de Violencia de Género (AVGM-02-2020)”, enfatizó la legisladora, al recordar que la capacitación institucional y el fortalecimiento de los mecanismos de atención requieren recursos estables y sin recortes.
Persisten retos en igualdad y financiamiento
Sánchez Allende advirtió que, pese a los avances legislativos, continúan arraigados roles tradicionales de género que dificultan que en los ciclos presupuestales se dé prioridad a la agenda de las mujeres, lo que limita la operación de programas estratégicos y la atención integral de la violencia.
Destacó que la Ley Daryela, que obliga a capacitar a funcionariado público en prevención de violencias y reducción de brechas de desigualdad, es un instrumento fundamental para transformar las instituciones desde un enfoque de género y derechos humanos.
Gobiernos deben garantizar recursos y acciones
La diputada recordó que las leyes vigentes obligan a los gobiernos a tomar medidas presupuestales y administrativas con perspectiva de género, que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y aseguren la igualdad sustantiva.
El exhorto también reiteró la necesidad de considerar acciones extraordinarias, conforme lo marca la Alerta de Violencia de Género, para reforzar la protección, atención y acompañamiento a las bajacalifornianas.
El Congreso subrayó que solo con instituciones fortalecidas y recursos suficientes será posible avanzar en la prevención y erradicación de la violencia, así como en la construcción de un estado más seguro y justo para todas.
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