TIJUANA, BC.- La reforma a la Ley de Aguas Nacionales, aprobada en diciembre de 2025, redefine el régimen jurídico de los derechos de agua en México al sustituir prácticas informales y mercados opacos por un sistema administrativo verificable, en el que toda transmisión de derechos solo tendrá validez jurídica cuando sea autorizada y registrada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Así lo establece una síntesis elaborada por el Foro Permanente de Aguas Binacionales (PFBW), cuyo análisis detalla los principales cambios derivados del dictamen aprobado por la Cámara de Diputados.
La directora del PFBW, Rosario Sánchez, explicó que uno de los aspectos más relevantes de la reforma es que no reconoce la venta del agua como un contrato privado, eliminando la informalidad y la discrecionalidad que durante años permitió la cesión y transmisión de derechos al margen de la autoridad.
“La ley no legaliza la venta del agua, pero sí pone fin a la ambigüedad que permitió mercados paralelos; ahora toda transmisión debe pasar por un procedimiento administrativo autorizado únicamente por la Conagua y de acuerdo con nuevos lineamientos de disponibilidad y prioridad”, señaló Sánchez.
La especialista precisó que la nueva legislación establece que una transmisión legítima no implica un nuevo otorgamiento de derechos, sino únicamente la actualización del titular dentro del mismo título de concesión, conservando el volumen, uso, zona de extracción y vigencia original, siempre y cuando se acredite la legalidad del acto, la continuidad del uso autorizado y la inexistencia de afectaciones a terceros.
Otro cambio sustancial es que la reforma concentra en Conagua la facultad exclusiva para autorizar, modificar y registrar transmisiones, concesiones y prórrogas, eliminando la intervención de instancias regionales que anteriormente operaban bajo criterios distintos.
Sánchez agregó que este nuevo esquema se complementa con revisiones periódicas de disponibilidad de cuencas y acuíferos cada dos años, basadas en información hidrológica actualizada, lo que permitirá vincular las decisiones sobre derechos de agua con criterios de sostenibilidad y control público.
El documento del PFBW fue elaborado exclusivamente con base en el dictamen oficial aprobado por la Cámara de Diputados y tiene como objetivo ofrecer una explicación clara y accesible de cómo la reforma transforma las reglas en materia de derechos de agua, sin promover ni descalificar posturas políticas o sectoriales.
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