Leonardo Abarca Jiménez, Socio Director de Grupo UNO Abogados, señala riesgos a la privacidad, a los derechos humanos y a la calidad de la impartición de justicia en México
Tijuana, BC, 23 de Diciembre 2025.- Un cúmulo de reformas aprobadas a lo largo de 2025 podrían en el 2026 generar un escenario complejo para la impartición de justicia en México, con impactos directos en los derechos humanos, la privacidad de las personas y la certidumbre jurídica para ciudadanos y empresas. Así lo advirtió el Mtro. Leonardo Abarca Jiménez, Socio Director de Grupo UNO Abogados, al hacer un balance crítico de los cambios legislativos impulsados este año en materia judicial, administrativa y de control estatal.
De acuerdo con el especialista, una de las modificaciones más preocupantes es la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que obliga a las compañías de telefonía celular a proporcionar al Estado la geolocalización en tiempo real de sus usuarios. Para Abarca Jiménez, esta disposición abre la puerta a una vigilancia excesiva y plantea serias dudas sobre el respeto a la vida privada, al no establecerse contrapesos claros ni controles judiciales robustos.
A esta preocupación se suma la reforma a la Ley General de Población, que vincula la CURP con datos biométricos. Si bien el argumento oficial se centra en fortalecer la identidad y combatir delitos como el robo de identidad, el litigante considera que la concentración de información sensible en manos del Estado incrementa el riesgo de abusos, filtraciones y uso indebido de datos personales, en un país donde los mecanismos de protección de datos aún muestran debilidades estructurales.
No obstante, la reforma más controvertida es la ley de amparo, según el análisis del experto, es el debilitamiento de la figura de la suspensión en el juicio de amparo, históricamente considerada un pilar para la defensa de los derechos humanos frente a actos de autoridad. Otro de los puntos críticos es la limitación a la presentación de amparos bajo la figura del interés legítimo, lo cual restringirá la defensa de los derechos colectivos. Abarca Jiménez calificó estos cambios como un retroceso significativo, al colocar al Estado por encima del ciudadano y dejar en una situación de mayor indefensión tanto a personas físicas como a empresas durante procesos judiciales.
“Muchas de estas reformas empiezan a tener vigencia el próximo año; viene una recaudación más agresiva del SAT justamente por estas modificaciones que se acaban de hacer, vienen temas arancelarios y también se modificó la Ley de Comercio Exterior”, explicó el socio director de Grupo UNO Abogados, al advertir que el entorno legal y fiscal de 2026 será más estricto y con mayores márgenes de discrecionalidad para la autoridad.
En el ámbito estrictamente judicial, Abarca Jiménez retomó un estudio reciente de la Universidad Iberoamericana que evalúa la productividad de los juzgados, particularmente en la Ciudad de México, tras la implementación de la Reforma Judicial. Los resultados, hasta ahora, no son alentadores. De acuerdo con el análisis, la emisión de sentencias ha disminuido de manera considerable, lo que impacta directamente en el acceso efectivo a la justicia.
“Podríamos pensar que se trata de una curva de aprendizaje, y quizá en parte lo sea, pero la realidad es que uno de los efectos inmediatos de la Reforma Judicial ha sido la baja en la productividad de los juzgados”, sostuvo el abogado.
A ello se suma una percepción creciente sobre el deterioro en la calidad de las resoluciones judiciales. El especialista señaló que en los últimos meses han circulado en redes sociales diversos videos de audiencias en las cuales los nuevos jueces cometen errores graves en juicios orales, imponen multas excesivas o muestran un manejo deficiente del proceso, situaciones que, más allá de lo anecdótico, reflejan fallas estructurales que ya se esperaban por la elección popular de jueces.
Eso sucede cuando se privilegia la política en lugar de la capacidad técnica de una persona para impartir justicia.
“Hemos visto videos de terror: pifias en juicios orales que se han hecho virales y decisiones que afectan seriamente la confianza en la justicia. Todo esto impacta directamente en la calidad de la impartición de justicia”, enfatizó Abarca Jiménez.
De cara a 2026, el balance del experto es claro: México enfrenta el riesgo de un sistema judicial menos productivo, con menores contrapesos frente al poder del Estado y con mayores tensiones entre seguridad, recaudación y derechos fundamentales. En este contexto, advirtió, será indispensable que la sociedad civil, la academia y los propios operadores jurídicos mantengan una vigilancia constante para evitar que estas reformas se traduzcan en un debilitamiento permanente del Estado de derecho. Por último, manifestó que habrá que estar muy atentos de cómo se desarrolla la reforma electoral que seguramente viene para el siguiente año.
