El diputado plantea sustituir el término “satisfactoria” por “aceptable” para alinear el estándar estatal de calidad del aire con la Norma Oficial Mexicana.
Mexicali, BC.– Con el objetivo de brindar mayor claridad y certeza a la ciudadanía sobre el estado real del aire que se respira en Baja California, el diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Protección al Ambiente del Estado, mediante la cual propone actualizar la terminología del estándar de calidad del aire.
La propuesta consiste en sustituir la categoría “satisfactoria” por “aceptable”, en congruencia con lo establecido por la Norma Oficial Mexicana (NOM), con el fin de armonizar la legislación estatal con los criterios técnicos nacionales vigentes.
En la exposición de motivos, el legislador subrayó que la contaminación del aire representa uno de los principales riesgos ambientales para la salud, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Datos del organismo internacional indican que nueve de cada diez personas en el mundo respiran aire contaminado, y que el 98% de las ciudades en países de ingresos bajos y medios no cumplen con las directrices de calidad del aire.
“La pretensión legislativa de esta iniciativa es armonizar la terminología entre la normatividad ambiental nacional y la estatal, garantizando certeza jurídica en la clasificación de la calidad del aire y en su monitoreo”, explicó Cantón Rocha.
El diputado recordó que el monitoreo se rige por el Índice de Calidad del Aire y Salud, el cual refleja el nivel de contaminación atmosférica y sus posibles efectos en la población. En Baja California —particularmente en Mexicali— este seguimiento es permanente y se centra en contaminantes como PM2.5, PM10 y ozono, utilizando una clasificación por colores: verde (buena), amarillo (aceptable), naranja (mala), rojo (muy mala) y púrpura (extremadamente mala).
Finalmente, Cantón Rocha enfatizó que actualizar la terminología permitirá una lectura pública más clara del índice y una congruencia real entre la exigencia legal local y los estándares nacionales. “Se trata de que la ley diga lo mismo que los indicadores que se monitorean todos los días”, concluyó.
