La extradición y cumplimentación de la orden de aprehensión en contra de Saúl “N”, acusado de violación en agravio de una menor de edad en Mexicali, representa un hecho relevante en el combate a la violencia de género en Baja California. No se trata solo de un procedimiento legal exitoso, sino de un mensaje político e institucional que merece ser analizado.
El caso evidencia, por un lado, que huir del país ya no garantiza impunidad. La coordinación entre la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República y autoridades de Estados Unidos permitió cerrar una ruta de escape que históricamente ha sido utilizada por agresores para evadir la justicia. En este sentido, la extradición manda una señal clara: los delitos graves, particularmente aquellos cometidos contra niñas y adolescentes, pueden y deben ser perseguidos más allá de las fronteras.
Sin embargo, este logro también obliga a mirar el contexto que rodea al caso. La presunta agresión ocurrió en un espacio laboral, contra una menor en su primer día de trabajo, lo que revela fallas estructurales en la protección de adolescentes, la supervisión de centros de trabajo y la prevención de la violencia sexual.
La justicia que hoy se activa es reactiva; el reto pendiente sigue siendo evitar que estos hechos ocurran.
La actuación de la Fiscalía, encabezada por la Dra. Ma. Elena Andrade Ramírez, muestra que cuando existe voluntad institucional y seguimiento, es posible avanzar.
No obstante, un solo caso exitoso no resuelve una problemática más amplia: Baja California continúa enfrentando altos índices de delitos sexuales y violencia contra mujeres y menores.
Este proceso debe marcar un precedente, no una excepción. La extradición de Saúl “N” debe traducirse en sentencias ejemplares, pero también en políticas públicas más sólidas de prevención, atención a víctimas y vigilancia de entornos laborales y comunitarios.
La justicia no solo se mide en capturas, sino en la capacidad del Estado para proteger antes de que el daño ocurra.
En un estado donde la violencia de género sigue siendo una deuda pendiente, este caso demuestra que la ley puede alcanzar a los agresores.
Ahora, el desafío es que esa capacidad se convierta en una constante y no en una noticia extraordinaria.
