La reciente detención de tres elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Mexicali —dos de ellos ya suspendidos— por su presunta participación en delitos tan graves como la privación ilegal de la libertad y la desaparición forzada, no solo sacude a la corporación policiaca: exhibe una etapa oscura que hoy vuelve a cobrar factura política y social.
Los hechos que hoy se investigan ocurrieron en julio de 2022, cuando Pedro Ariel Mendívil se desempeñaba como director de la DSPM. No es un dato menor. Es, en realidad, el punto neurálgico del debate. Si policías municipales pudieron interceptar, detener y desaparecer a cuatro personas —dos jóvenes y dos adultos— en una de las vialidades más transitadas del oriente de Mexicali, como la carretera al Aeropuerto, es porque existía algo más que una falla aislada: había un ambiente de permisividad, omisión o franca complicidad.
La detención de Isaac Sergio O.H., aún en activo y arrestado mientras patrullaba Quintas del Rey, así como de Hiram Sinhue F.O. y Manuel Alberto C.M., suspendidos desde 2024, refuerza la percepción ciudadana de que la limpieza institucional llegó tarde. Durante años, las denuncias contra corporaciones de seguridad se acumularon en el imaginario colectivo sin respuestas contundentes. Hoy, esas omisiones regresan convertidas en expedientes penales.
El caso resulta particularmente indignante porque los presuntos responsables no eran delincuentes comunes, sino servidores públicos armados y con placa, cuya función era proteger a la ciudadanía. Cuando quienes deben garantizar la seguridad se convierten en agentes del miedo, el daño institucional es profundo y de largo plazo.
Las autoridades estatales aseguran que las investigaciones continuarán para deslindar responsabilidades y detectar a más posibles implicados. Esa promesa, sin embargo, debe traducirse en acciones claras: investigación a mandos, revisión de cadenas de mando y, sobre todo, un análisis político serio sobre quiénes permitieron que estas prácticas se incubaran dentro de la DSPM.
Este caso no puede cerrarse únicamente con tres detenciones. La pregunta de fondo sigue abierta: ¿cuántos abusos más ocurrieron bajo el amparo del silencio institucional? La ciudadanía de Mexicali no solo exige justicia para las víctimas; exige saber quién toleró la podredumbre y por qué.
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