TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.– A cuatro años de los asesinatos de los periodistas Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado López, el gremio periodístico de Baja California alzó la voz para denunciar la impunidad y la falta de avances en las investigaciones, particularmente en lo referente a la identificación y procesamiento de los autores intelectuales de ambos crímenes.

A través de un pronunciamiento público, el colectivo Yo Sí Soy Periodista dirigió su postura a la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda; a la fiscal general del Estado, Ma. Elena Andrade Ramírez; y al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, Jorge Ochoa Orduño.

El colectivo señaló que, si bien desde 2022 existen carpetas de investigación que derivaron en la sentencia de los autores materiales, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha sido omisa en profundizar las indagatorias para llegar a quienes ordenaron los asesinatos, lo que —aseguran— niega a la sociedad el derecho a la verdad histórica y a una justicia plena.

Asimismo, acusaron que la negativa de la FGE para continuar con las investigaciones evidencia una simulación institucional, al ofrecer una justicia parcial que no esclarece los verdaderos motivos por los que ambos comunicadores fueron asesinados. Para el gremio, justificar la inacción bajo el argumento de que ya se sentenció a los responsables materiales resulta conformista e inaceptable, pues mantiene al periodismo en una condición de riesgo y perpetúa el ciclo de impunidad.

En el posicionamiento también se exigió la reactivación de las investigaciones por el homicidio del periodista Francisco Ortiz Franco, asesinado el 22 de junio de 2004. Recordaron que su carpeta fue turnada de la Fiscalía General de la República a la Fiscalía estatal, donde —denuncian— permanece en el abandono desde hace más de dos décadas.

“Hoy cualquiera puede ordenar y pagar el asesinato de un periodista en Baja California”, advirtieron, al tiempo que señalaron que la Fiscalía ha demostrado contar con los recursos necesarios para realizar investigaciones de fondo, pero carece de voluntad política para hacerlo en los casos de periodistas asesinados.

El colectivo demandó a la fiscal general Ma. Elena Andrade Ramírez que deje de escudarse en discursos y gire instrucciones claras para continuar las investigaciones hasta identificar a los autores intelectuales y llevarlos ante la justicia. De igual forma, solicitaron la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para vigilar la falta de debida diligencia y garantizar atención adecuada a los familiares de las víctimas, quienes —aseguran— enfrentan desinformación y falta de orientación sobre la reparación del daño.

“Justicia a medias no es justicia, es impunidad”, concluye el pronunciamiento, al reiterar que la falta de resultados lastima no solo a las familias de las víctimas, sino a toda la sociedad y al gremio periodístico de Baja California.

YoSíSoyPeriodista

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