El nuevo ordenamiento impulsa procedimientos más ágiles, flexibles y con enfoque de derechos humanos.
MEXICALI, BC.– Con el propósito de regular y fortalecer los mecanismos alternativos de solución de controversias en los ámbitos civil, familiar, mercantil y laboral, el Pleno de la XXV Legislatura del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Baja California.
El nuevo marco jurídico busca ampliar el acceso a la justicia mediante procedimientos más cercanos, dinámicos y eficaces, permitiendo que las personas resuelvan sus conflictos de manera libre y voluntaria, sin recurrir necesariamente a los procesos judiciales tradicionales.
La iniciativa fue presentada por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Alejandro Isaac Fragozo López, quien destacó que esta ley fomentará la cultura del diálogo, la negociación y la solución pacífica de conflictos, fortaleciendo así la confianza ciudadana en las instituciones.
Durante la exposición de motivos, el promovente subrayó que el nuevo ordenamiento responde a diversas razones fundamentales, entre ellas:
- Garantizar el derecho humano de acceso a la justicia.
- Dar cumplimiento a la reforma constitucional de 2008, que mandata la implementación de mecanismos alternativos de solución de controversias.
- Armonizar la legislación estatal con la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, publicada en 2024.
Asimismo, se destacó la experiencia pionera de Baja California en esta materia, ya que desde 2007 cuenta con una Ley de Justicia Alternativa y con sedes en Mexicali, Tijuana y Ensenada, además de servicios en juzgados de Tecate y Playas de Rosarito, así como una implementación gradual en San Felipe y San Quintín.
La nueva Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Baja California se integra por 147 artículos, distribuidos en 11 capítulos, además de 12 disposiciones transitorias, lo que la convierte en un ordenamiento robusto y actualizado conforme a los nuevos estándares nacionales.
De manera relevante, la iniciativa incorpora un enfoque incluyente al visibilizar a las personas indígenas y afromexicanas, permitiendo la resolución de conflictos en materias administrativa, comunitaria y escolar, siempre con respeto a la normatividad aplicable en cada ámbito.
Con esta aprobación unánime, Baja California refrenda su papel como estado pionero en la implementación de justicia alternativa, alineándose a los nuevos parámetros federales y consolidando este modelo como un servicio eficiente, accesible y con enfoque de derechos humanos.
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