La actuación del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) en el procedimiento iniciado contra el periodista Said Betanzos abre una grieta preocupante en el ya frágil equilibrio entre autoridad electoral, poder político y libertad de expresión. No se trata de un diferendo menor ni de una mera irregularidad administrativa: estamos ante indicios serios de una violación directa al debido proceso constitucional.
De acuerdo con información recabada entre personal del propio Instituto, la instrucción fue clara: notificar medidas cautelares “como fuera”, privilegiando la rapidez sobre la legalidad. Esta lógica —la del fin que justifica los medios— es incompatible con un Estado constitucional de derecho y particularmente grave cuando proviene de un órgano que debería ser garante de la legalidad democrática.
Los artículos 14 y 16 de la Constitución no admiten interpretaciones creativas. Ningún acto de autoridad puede ejecutarse sin un procedimiento previamente establecido, debidamente fundado y motivado, y con notificaciones practicadas conforme a derecho. No es una cortesía institucional; es una obligación constitucional.
El propio marco normativo del IEEBC refuerza esta exigencia. El artículo 19 de su Reglamento de Quejas y Denuncias es contundente: “serán nulas las notificaciones que se practiquen en términos diversos a los previstos en la Ley Electoral”. A su vez, el artículo 302 de la Ley Electoral establece un orden preciso para las notificaciones, privilegiando la personal y condicionando el uso de otros medios a la acreditación previa de su imposibilidad.
Nada de eso —según los testimonios internos— se respetó.
¿Por qué tanta prisa? La respuesta, de confirmarse, es políticamente inquietante: se buscaba que la notificación quedara firme antes de un foro público encabezado por la alcaldesa de Playas de Rosarito, Rocío Adame Muñoz, promotora de la queja por presunta violencia política en razón de género. El mensaje implícito es demoledor: ajustar los tiempos y los procedimientos institucionales para acomodarlos a la agenda de una figura de poder.
Conviene subrayarlo con claridad: la queja se dirige contra un periodista por publicaciones relacionadas con el ejercicio de la función pública de una servidora pública. En una democracia, ese es precisamente el núcleo duro del escrutinio legítimo. La figura de violencia política de género no puede —ni debe— convertirse en un atajo para inhibir el periodismo crítico o para blindar a funcionarios del cuestionamiento ciudadano.
Más grave aún es el contexto que rodea al caso. Existen señalamientos internos sobre una posible relación societaria entre el presidente del IEEBC y hermanos de la alcaldesa, uno de los cuales fue mencionado en trabajos periodísticos vinculados a la función pública municipal. Aunque estos datos deberán aclararse con pruebas y transparencia, el solo planteamiento activa una alarma ética elemental: la obligación de excusarse ante un potencial conflicto de interés.
A ello se suma un punto que roza lo inverosímil: empleados del Instituto refieren que, para justificar la existencia de la queja, se afirmó que esta había sido enviada por correo electrónico. Sin embargo, dicho correo no aparece por ningún lado y tampoco se logró su ratificación. La pregunta es inevitable y demoledora: si no hay correo ni evidencia del mismo, ¿cómo se activó formalmente el procedimiento?
El IEEBC enfrenta hoy algo más que un problema procesal. Enfrenta una crisis de credibilidad. Si se confirma que se forzaron notificaciones, se ignoraron reglas básicas y se actuó bajo presión política, las consecuencias no solo serán nulidades jurídicas o responsabilidades administrativas. El daño mayor será a la confianza pública en una institución que debería ser árbitro imparcial, no instrumento circunstancial del poder.
La democracia no se defiende con atajos. Se sostiene —o se derrumba— en el respeto estricto a la Constitución, incluso cuando resulta incómodo para quienes gobiernan. Y, sobre todo, se fortalece cuando el periodismo puede ejercer su labor sin miedo a que la ley sea utilizada como garrote político.
