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TIJUANA, BC. – La Barra de Abogadas Lic. María Sandoval de Zarco A.C. expresó su profunda preocupación ante los recientes anuncios sobre el inicio del despido de aproximadamente 2 mil 300 personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación (PJF), cifra que, de acuerdo con información pública, podría formar parte de un proceso más amplio que alcanzaría hasta 23 mil plazas en distintas fases, lo que representaría cerca del 10 por ciento de su plantilla laboral.
La presidenta del organismo, Estefanía Campos García, advirtió que esta reducción de personal ocurre en un momento crítico, marcado por la reforma judicial recientemente implementada, cuyos efectos aún se encuentran en proceso de consolidación, lo que incrementa el riesgo de afectaciones estructurales al sistema de impartición de justicia.
Señaló que la disminución de personal técnico, administrativo y jurisdiccional impactará de manera directa en los tiempos de resolución de asuntos, el seguimiento de juicios en trámite, la carga laboral de juzgadoras y juzgadores, así como en la eficiencia operativa de los órganos jurisdiccionales.
“La impartición de justicia no depende únicamente de quienes dictan sentencias, sino de equipos técnicos especializados, como proyectistas, actuarios, secretarías y personal de apoyo, cuya experiencia constituye la memoria institucional del sistema. La reducción acelerada de esta estructura compromete la continuidad operativa y puede traducirse en mayor rezago judicial, dilación de procedimientos y una afectación directa al derecho humano de acceso a una justicia pronta y expedita, reconocido en el artículo 17 constitucional”, subrayó.
La Barra de Abogadas advirtió que estos despidos se suman a un escenario ya complejo derivado de la reforma judicial, la cual modificó de manera sustancial el sistema de designación de personas juzgadoras y la estructura del Poder Judicial, por lo que la transición institucional requiere estabilidad, planeación y fortalecimiento técnico, no un debilitamiento de su estructura operativa.
Finalmente, Estefanía Campos García hizo un llamado respetuoso pero firme a las autoridades competentes para transparentar el alcance real de los recortes, garantizar el respeto a los derechos laborales del personal afectado, evaluar el impacto presupuestal y operativo antes de implementar nuevas reducciones y priorizar el fortalecimiento institucional.
“La estabilidad del Poder Judicial no es un asunto interno, es una garantía para toda la ciudadanía”, concluyó.
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