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TIJUANA, BC. – Los contribuyentes deberán extremar precauciones ante las reformas fiscales que entrarán en vigor en 2026, ya que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) contará con nuevas y más amplias facultades para revisar operaciones, acceder a información financiera y sancionar posibles irregularidades, advirtió el abogado fiscalista Jorge Alberto Pickett Corona.
El especialista explicó que, si bien el mensaje institucional sostiene que las modificaciones al Código Fiscal de la Federación están enfocadas exclusivamente en combatir a quienes emiten facturas falsas con fines de evasión, el alcance real de las reformas obliga a una revisión minuciosa por parte de empresas y personas físicas con actividad empresarial.
“El posicionamiento oficial busca transmitir certeza, pero el texto aprobado contiene elementos que amplían las facultades de fiscalización, por lo que los contribuyentes deben estar muy atentos, especialmente aquellas empresas que operan con cadenas de suministro amplias o manejan altos volúmenes de transacciones”, señaló.
Pickett Corona precisó que, aunque la autoridad fiscal ha reiterado que no habrá prisión preventiva por simple sospecha, el marco penal sí contempla escenarios en los que la facturación falsa será investigada con mayor severidad, lo que incrementa el riesgo legal para quienes no cuenten con controles sólidos.
“Esto no implica una afectación automática para los contribuyentes cumplidos, pero sí eleva el estándar de cuidado documental y de control interno, particularmente en sectores con mayor exposición fiscal”, puntualizó.
El abogado fiscalista destacó que las reformas incorporan presunciones sobre depósitos, una supervisión digital reforzada, la posible suspensión de sellos digitales y un acceso más amplio a información financiera, lo que configura un modelo de revisión mucho más exhaustivo por parte del SAT.
Finalmente, subrayó que ante este nuevo entorno fiscal para 2026, será indispensable fortalecer la gestión documental, acreditar la materialidad de las operaciones, garantizar la trazabilidad financiera y reforzar la verificación de proveedores, a fin de reducir riesgos y asegurar el cumplimiento dentro del marco legal vigente.
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