Mesa de Análisis Político de Baja California
La reducción de los homicidios dolosos en Baja California durante el primer mes de 2026 no pasa desapercibida.
Los datos presentados por el Gobierno de México colocan a la entidad con una disminución del 40 por ciento entre septiembre de 2024 y enero de 2026, en sintonía con la baja nacional del 42 por ciento, una cifra que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como histórica.
Desde la perspectiva política y social, el dato es relevante por dos razones fundamentales: primero, porque Baja California ha sido durante años uno de los estados con mayores niveles de violencia homicida; y segundo, porque el descenso ocurre en el arranque de una nueva administración federal que ha apostado por la continuidad —con ajustes— de la estrategia de seguridad basada en coordinación interinstitucional, presencia territorial y atención a las causas.
El hecho de que enero de 2026 sea el mes con menos homicidios desde 2016 a nivel nacional refuerza el mensaje político del gobierno federal: la estrategia está funcionando. Pasar de un promedio diario de 86.9 a 50.9 víctimas no es un dato menor. Son, como dijo la presidenta, 36 vidas que no se perdieron cada día. En términos humanos, el impacto es contundente; en términos políticos, es un activo que el oficialismo buscará capitalizar.
Para Baja California, el descenso del 40 por ciento representa un respiro en una entidad históricamente golpeada por la violencia asociada al crimen organizado, la disputa territorial y la dinámica fronteriza. Sin embargo, el análisis no puede quedarse en el optimismo inmediato. Aun con la reducción, el estado sigue formando parte del grupo de siete entidades que concentran más del 50 por ciento de los homicidios del país, lo que evidencia que el problema estructural persiste.
La lectura política es clara: hay una tendencia sostenida a la baja, confirmada por 16 meses consecutivos de disminución a nivel nacional, como señaló la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco. Pero también hay un reto mayúsculo para los gobiernos estatal y municipales: convertir esta reducción en una tendencia irreversible, no en una pausa estadística.
El desafío para Baja California no es solo mantener los números a la baja, sino traducirlos en una percepción real de seguridad para la ciudadanía. La violencia no se mide únicamente en cifras, sino en la tranquilidad cotidiana, en la recuperación del espacio público y en la confianza institucional.
En la Mesa de Análisis Político de Baja California, el consenso es prudente: los datos son positivos y marcan un cambio de dirección, pero el éxito de la estrategia se confirmará solo si esta reducción se sostiene en el tiempo y se acompaña de políticas sociales, fortalecimiento policial local y combate efectivo a la impunidad. Celebrar el avance es válido; bajar la guardia, no.
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