MEXICALI, BC.– El Congreso del Estado de Baja California aprobó el Dictamen No. 127 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, mediante el cual se autoriza al Poder Ejecutivo estatal gestionar y contratar deuda pública destinada a inversión productiva, particularmente para impulsar la Desaladora de Rosarito y garantizar el abasto de agua en la zona costa.
La votación registró 19 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones. La presidenta de la Comisión dictaminadora, la diputada Julia Andrea González Quiroz, presentó una adenda con ajustes a diversos artículos del decreto para fortalecer su contenido jurídico y financiero.
Sin impacto en tarifas de agua
Uno de los puntos centrales fue la reserva presentada por el diputado Juan Manuel Molina García al artículo quinto, en la que se establece de manera explícita que el servicio de la deuda no tendrá impacto en las tarifas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana ni de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada.
El legislador señaló que el financiamiento aprobado tendrá como fuente de pago un porcentaje necesario y suficiente de los ingresos derivados del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, reiterando el compromiso de no afectar la economía de las familias bajacalifornianas.
Financiamiento hasta por 30 años
El decreto autoriza al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda estatal, a contratar uno o varios financiamientos con instituciones del sistema financiero mexicano que ofrezcan las mejores condiciones de mercado.
El plazo máximo autorizado será de hasta 30 años, contados a partir de la firma de los contratos o de la primera disposición de los recursos. Además, podrá contemplarse un periodo de gracia de hasta 36 meses.
Los financiamientos deberán formalizarse durante los ejercicios fiscales 2026 o 2027, y los contratos deberán establecer fechas específicas de vencimiento.
Vigilancia y rendición de cuentas
En el mismo sentido, el Pleno aprobó el Acuerdo No. 1 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que instruye a la Secretaría de Hacienda del Estado a presentar informes semestrales sobre la aplicación de los recursos obtenidos mediante el financiamiento.
Asimismo, se designó a las comisiones de Fiscalización del Gasto Público y de Hacienda y Presupuesto como comisiones unidas para dar seguimiento puntual al ejercicio de los recursos, desde la publicación del decreto en el Periódico Oficial del Estado y hasta la liquidación total de las obligaciones contraídas.
Con esta determinación, el Congreso local busca fortalecer la infraestructura hídrica en la zona costa, en un contexto de creciente demanda y retos en el suministro de agua para Baja California.
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