En Baja California, la seguridad pública atraviesa uno de sus momentos más delicados. No sólo por la violencia que afecta a comunidades enteras, sino por hechos que sacuden la confianza institucional desde su raíz: cuando los propios encargados de proteger a la ciudadanía son señalados como responsables de delinquir.
El reciente allanamiento y atraco a una residencia de médicos en Tijuana, presuntamente cometido por elementos de la Guardia Nacional, representa un golpe directo al Estado de derecho. De acuerdo con los señalamientos públicos, existen videos, fotografías y diversos elementos probatorios que apuntan a la participación de oficiales en el ingreso ilegal al domicilio y la sustracción de bienes. Sin embargo, hasta ahora, no hay responsables procesados ni sanciones visibles.
La gravedad del caso no sólo radica en el delito mismo —un asalto con abuso de autoridad— sino en la aparente impunidad que lo rodea. Cuando ciudadanos comunes enfrentan procesos inmediatos ante la mínima sospecha, ¿por qué en este caso el silencio institucional parece imponerse?
Este mismo día, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda declaró en su conferencia matutina que no hay mayor información disponible sobre el caso. La respuesta, lejos de tranquilizar, genera inquietud. En un asunto que involucra a una corporación federal armada y a víctimas plenamente identificadas, la ausencia de información clara y avances concretos alimenta la percepción de encubrimiento o, cuando menos, de desinterés.
La impunidad es el peor enemigo de la legitimidad institucional. Si los agentes encargados de combatir el crimen son percibidos como posibles perpetradores sin consecuencias, el mensaje social es devastador: la ley no es igual para todos. Y cuando la ciudadanía pierde confianza en las fuerzas de seguridad, el tejido social comienza a fracturarse.
No se trata de descalificar a toda una institución. La mayoría de los elementos de seguridad cumplen su labor con disciplina y riesgo personal. Pero precisamente por ellos, los casos de abuso deben investigarse con mayor rigor y transparencia. Proteger a los responsables mancha el uniforme de quienes sí honran su servicio.
El silencio oficial no puede sustituir a la justicia. Las autoridades federales y estatales tienen la obligación de informar con claridad, garantizar investigaciones independientes y sancionar, sin titubeos, a cualquier elemento que haya traicionado su investidura.
Baja California no puede normalizar que policías asalten. No puede aceptar que las pruebas circulen en redes sociales mientras los expedientes duermen en escritorios. Y no puede permitir que la impunidad sea la respuesta frente a un agravio tan evidente.
La seguridad no se construye sólo con patrullas y discursos; se construye con legalidad, rendición de cuentas y consecuencias reales para quien delinque, sin importar el uniforme que porte.
Porque cuando el protector se convierte en agresor y no enfrenta justicia, la democracia entera pierde.
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