En una democracia madura y consolidada, la crítica informada y la expresión independiente constituyen pilares fundamentales para asegurar transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Sin embargo, en Baja California estamos presenciando un capítulo preocupante que pone en entredicho estos principios: la censura y los intentos por silenciar a periodistas por ejercer su labor de informar y opinar con libertad.
Recientemente, el caso del periodista Jaime Flores Martínez, reconocido profesional de Tijuana, ha generado alarma y rechazo entre colectivos de prensa, organizaciones civiles y ciudadanos comprometidos con la libertad de expresión.
Flores fue objeto de una denuncia presentada por la exsenadora Alejandra León, vía el Tribunal Electoral correspondiente, por publicar análisis y opiniones críticas sobre actores públicos. Esta acción no solo representa un uso indebido de los mecanismos jurídicos para amedrentar a una voz independiente, sino que, además, abre un peligroso precedente: sancionar a quienes informan como si fuera un delito disentir o señalar malas prácticas.
De manera paralela, el caso del periodista Said Betanzos refleja una misma preocupación: la utilización de instancias de poder para inhibir el trabajo periodístico. Betanzos, con una trayectoria firme en la cobertura de asuntos políticos y sociales de la región, ha enfrentado presiones y señalamientos que buscan deslegitimar su labor crítica. Estas acciones no sólo son ataques personales, sino que atacan al periodismo como institución esencial para el escrutinio público.
La gravedad de estas situaciones radica en que no se trata de simples diferencias de opinión entre actores públicos y la prensa; se trata de la intención de restringir deliberadamente el ejercicio del periodismo independiente. Cuando tribunales o autoridades electorales se convierten en instrumentos para limitar la libertad de expresión, se erosiona la confianza pública en las instituciones y se socava el derecho de la sociedad a estar informada.
La libertad de expresión no es un privilegio de unos pocos, ni un discurso retórico para usar en campañas políticas. Es un derecho humano fundamental, consagrado en nuestra Constitución y en tratados internacionales de los que México es signatario.
Esta libertad incluye —de manera esencial— el derecho de los periodistas a investigar, cuestionar y opinar sin temor a represalias, siempre con responsabilidad y apego a la verdad.
Condenamos enérgicamente los intentos por censurar, sancionar o amedrentar a periodistas por el contenido de sus análisis. Llamamos a las autoridades competentes —en particular a los tribunales y órganos electorales— a actuar con apego estricto a la legalidad, pero también con respeto irrestricto a los derechos fundamentales.
La crítica política es un elemento central de la vida democrática; intentar contenerla a través de mecanismos judiciales o administrativos representa una forma insidiosa de censura.
Es imprescindible que los espacios de opinión e investigación periodística sean respetados como foros legítimos de debate y contrapeso. La prensa no es enemiga de nadie; es, por el contrario, un aliado indispensable para transparentar decisiones públicas, combatir la corrupción y fortalecer la participación ciudadana.
La sociedad bajacaliforniana merece y exige una prensa libre. Defender a quienes informan con rigor y valentía no es una postura partidista: es un llamado ético y democrático.
¡Por la libertad de expresión, hoy y siempre!
