
Tijuana, BC.- A pesar de los antecedentes documentados de desestimación en abusos y agresiones contra personas migrantes por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), organizaciones defensoras de derechos humanos en Tijuana celebraron la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de la institución migratoria.
La CNDH acreditó violaciones tras un caso ocurrido el 29 de septiembre de 2023, cuando un vehículo oficial del INM en el que eran trasladadas las personas migrantes de nacionalidad colombiana, guatemalteca y ecuatoriana en Mexicali sufrió un percance que derivó en la muerte de dos personas y dejó nueve con lesiones graves.
Carolina Farrera, directora ejecutiva de Alma Migrante, calificó este suceso como “un ejemplo de las fallas estructurales en el sistema migratorio mexicano”, pues resaltó que “la recomendación establece que las víctimas fueron detenidas y trasladadas sin protocolos adecuados, en condiciones irregulares y bajo una conducción imprudente”.
Subrayó que la resolución representa un avance importante y sin duda sienta un precedente, ya que valida la existencia de violaciones graves y aseguró que “es un caso que no se piensa soltar”, al destacar que el acompañamiento de otras organizaciones será clave para dar seguimiento a las recomendaciones emitidas.
Por su parte, Paola Morales, presidenta de la Asociación de Colombianos en Baja California, enfatizó que “las personas migrantes no murieron en un accidente, sino bajo custodia del Estado mexicano. Esto implica una violación al deber reforzado de protección que el mismo Estado tiene hacia cualquier persona privada de su libertad”.
“El resultado es claro y doloroso, dos personas cambiaron la vida y nueve quedaron gravemente lesionadas. Pero debemos decirlo con toda claridad, no murieron en un accidente, murieron bajo la custodia del Estado mexicano (…) Es decir, no fue inevitable, fue consecuencia de decisiones y omisiones”, sentenció.
La recomendación de la CNDH incluye una serie de medidas dirigidas al INM para reparar el daño y evitar la repetición de hechos similares. Entre ellas, destaca la colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para garantizar la inscripción de las personas afectadas en el Registro Nacional de Víctimas.
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