– Colegios, barras y asociaciones exigen dejar sin efectos estas disposiciones que vulneran sus derechos y el libre acceso a la justicia
Tijuana, B.C.- Con el respaldo de representantes de colegios, barras y asociaciones, el Colegio de Abogados de Tijuana, A.C. manifestó el rechazo del gremio al acuerdo emitido por el Poder Judicial del Estado, que exige la acreditación de especialización profesional para realizar procedimientos jurisdiccionales donde se encuentren involucrados derechos de niñas, niños y adolescentes.
En conferencia de prensa, Daniel Avitia Beltrán, presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, señaló que esta medida “transgrede el ejercicio libre de la profesión” y excede las facultades del órgano judicial, al imponer requisitos no contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Subrayó que, previamente, en una reunión se expusieron los posibles perjuicios de imponer, de forma obligatoria, que los abogados obtengan un grado adicional como maestría o doctorado, ya que cursar estos estudios no garantiza, en la práctica, una verdadera especialización ni los convierte en peritos en la materia.
Por su parte, Reyna Ramírez Oropeza, presidenta del Instituto de Defensa Estratégica en Derechos Humanos (INDEDH), destacó que incluso en el proceso de creación del nuevo Código Nacional nunca se contempló exigir una especialización obligatoria para ejercer en materia familiar.
Los representantes del gremio señalaron que, si bien la capacitación constante es necesaria, imponer una especialización profesional como requisito obligatorio mediante un acuerdo administrativo resulta inconstitucional.
En ese sentido, Eva Covarrubias, delegada de la Coordinadora Nacional de Abogados de México (CONAMEX) en Baja California, puntualizó que se manifestó al magistrado presidente, Alejandro Fragozo López, la disposición del gremio para capacitarse en el nuevo sistema de oralidad familiar; sin embargo, en las reuniones sostenidas en Tecate, ninguno de los colegios, barras ni universidades presentes acordó imponer dicho requisito de procedibilidad, como maestría o doctorado.
A ello se sumó Alexander Bazán Gómez Llanos, expresidente del Colegio de Abogados de Tijuana, A.C., quien aseguró que “el Poder Judicial no atendió estos diálogos ni el sentir de la abogacía en el estado; que quede muy claro que sí tuvimos diálogos, pero no fueron atendidos, y desde un inicio implementaron lo que quisieron”.
Por su parte, Carlos Atilano, coordinador del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes, advirtió que esta disposición podría derivar en una ola de amparos, al vulnerar derechos fundamentales como la libertad de trabajo.
Asimismo, Hassan Martín Franco Ruiz, expresidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados en el Estado (FEDABO), recordó antecedentes similares durante la transición al sistema penal oral, donde la exigencia de certificaciones provocó escasez de litigantes, afectando directamente a los justiciables.
Finalmente, el gremio de abogados anunció que interpondrá un amparo colectivo para buscar la revocación del acuerdo y no descartó movilizaciones en caso de no obtener una respuesta favorable, destacando que la comunidad jurídica está sólida.
“El objetivo es defender los derechos del gremio y además evitar afectaciones a la ciudadanía, especialmente en temas tan sensibles como los derechos de niñas, niños y adolescentes”, concluyeron.
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