Diputada Evelyn Sánchez propone blindar legalmente bordados y diseños tradicionales ante el Congreso del Estado
Mexicali, Baja California.– Con el objetivo de cerrar vacíos legales que han permitido el plagio y la explotación comercial de los textiles indígenas, la diputada Evelyn Sánchez Sánchez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Preservación del Patrimonio Cultural del estado, con la que busca reconocer y proteger jurídicamente estos diseños como parte del patrimonio cultural de Baja California.
La legisladora advirtió que empresas nacionales e internacionales han reproducido y comercializado bordados, patrones y símbolos tradicionales sin autorización ni beneficio para las comunidades originarias, situación que ha sido denunciada en entidades como Oaxaca, Yucatán, Puebla e Hidalgo.
Ante ello, la propuesta plantea incorporar de manera expresa los “diseños textiles indígenas” al catálogo de bienes protegidos por la legislación estatal, definiéndolos como aquellas creaciones elaboradas mediante hilos, fibras o técnicas textiles por comunidades indígenas nativas o asentadas en la entidad. Con ello, se busca dotar al Estado de herramientas legales para su defensa, registro y preservación.
Sánchez Sánchez subrayó que los textiles indígenas no solo representan piezas artesanales, sino expresiones profundas de identidad, memoria y cosmovisión, donde cada color, figura y bordado refleja la historia y conocimientos transmitidos de generación en generación.
Como parte de la iniciativa, también se contempla armonizar la legislación con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, actualizando denominaciones de dependencias para brindar mayor certeza jurídica. Además, se propone que las declaratorias sobre patrimonio cultural sean inscritas en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, así como fortalecer las facultades del Instituto de Cultura y autoridades estatales para impulsar mecanismos de protección.
Entre otros ajustes, se actualizan referencias al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) y a la Fiscalía General del Estado (FGE), alineando la norma con el marco institucional vigente.
Con esta iniciativa, la diputada busca frenar el saqueo cultural y enviar un mensaje claro: los textiles indígenas no pueden seguir siendo utilizados como mercancía sin reconocimiento ni protección, colocando a Baja California en la defensa de los derechos culturales y la propiedad intelectual colectiva de los pueblos originarios.
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