SAN DIEGO, CA.- Organismos binacionales pro migrantes, presentaron una demanda para que la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) respete los derechos de las personas con discapacidad durante las solicitudes de asilo político.
La asociación “Al Otro Lado” y el Centro de Aplicación y Educación de Derechos Civiles (CREEC), en nombre del Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP), presentaron dicha demanda según la Ley de Libertad de Información (FOIA) para obligar al gobierno a publicar información sobre sus políticas y prácticas relacionadas con CBP One y su cumplimiento de las leyes que previenen la discriminación por motivos de discapacidad.
La solicitud original de la FOIA fue presentada por “Al Otro Lado”, CREEC, TCRP y The Young Center for Immigrant Children’s Rights.
Los activistas señalaron que “desde hace más de un año, Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha obligado a los solicitantes de asilo a programar citas a través de la aplicación CBP One para poder presentarse en un puerto de entrada para ingresar a los Estados Unidos y solicitar asilo”.
Indicaron que esta aplicación para teléfonos inteligentes plagada de errores, plagada de fallos de funcionamiento y funciones inaccesibles, se ha convertido en una barrera insuperable para innumerables personas, especialmente aquellas con discapacidades.
Acotaron que conseguir una cita puede llevar hasta siete meses, lo que deja a los solicitantes de asilo vulnerables atrapados en algunas de las ciudades más peligrosas del mundo. Además, CBP One requiere un alto nivel de competencia tecnológica para su instalación y uso.
Afirmaron que para las personas con discapacidades que les impiden usar la aplicación, solicitar una cita por su cuenta a través de CBP One es prácticamente imposible, lo que efectivamente les impide solicitar asilo.
La organización “Al Otro Lado” señaló que ha trabajado con clientes con esquizofrenia, ceguera, sordera, parálisis cerebral y discapacidades intelectuales y del desarrollo porque su discapacidad les impedía utilizar la aplicación con éxito.
“Al Otro Lado”, CREEC y TCRP afirmaron que esta es una acción contra CBP es una acción fundamental para salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad y garantizar la rendición de cuentas y la transparencia del gobierno. El derecho a salvar la vida no debería depender de una aplicación que falla o de las capacidades físicas o mentales de uno.
“Cada vez que la CBP obliga a las ONG a entablar una demanda para acceder a información que, según la ley federal, debería estar disponible públicamente, es nada menos que un completo desperdicio de los recursos de los contribuyentes”, dijo Nicole Elizabeth Ramos, directora del Proyecto de Derechos Fronterizos de Al Otro Lado.
Agregó que “no debería haber ningún misterio en torno a si la CBP cumple con la ley federal de discapacidad en la forma en que procesa a los solicitantes de asilo con discapacidades”.
“Instamos al tribunal a que ordene a CBP que divulgue estos registros de inmediato. Porque, como lo ha demostrado la historia, a CBP le importa poco si los solicitantes de asilo viven o mueren, y estos registros son fundamentales para nuestro trabajo de proteger los derechos de los solicitantes de asilo que se encuentran entre los más vulnerables, lo que incluye a los solicitantes de asilo con discapacidades”.