El Gobierno del Estado de Baja California anunció una multa de 6.7 millones de pesos contra la empresa AB Alimentos, responsable de proveer los desayunos escolares que derivaron en la intoxicación de 78 estudiantes en Tijuana. Si bien se trata de una acción administrativa inmediata y visible, en la percepción pública el castigo sabe a poco frente a la magnitud del riesgo que se generó.
De acuerdo con los resultados de laboratorio de la COEPRIS, no se detectaron bacterias ni toxinas en los alimentos ni contaminación en el agua utilizada para su preparación. Los estudios arrojaron presencia de Norovirus G1, un agente viral común, pero que en este caso desencadenó un brote que afectó a decenas de niñas y niños.
Esto lleva a un punto crucial: aunque la empresa no haya incurrido en una contaminación directa comprobada, sí hubo una falla en los protocolos humanos y de prevención, un eslabón débil en la cadena sanitaria que no puede pasarse por alto.
La sanción económica, aunque significativa en monto, no repara la pérdida de confianza ni garantiza que no volverá a ocurrir. En el sentir de la ciudadanía y de los padres de familia, una multa no es suficiente. Se espera que existan investigaciones a fondo, posibles denuncias penales y un seguimiento que siente precedente. No se trata solo de corregir procesos, sino de asumir responsabilidades con rigor y transparencia.
El gobierno estatal ha reaccionado con rapidez, reforzando la vigilancia en comedores escolares y los mecanismos de supervisión del programa Pancita Llena, Corazón Contento. Sin embargo, la crisis no se mide solo en acciones administrativas, sino en la confianza de las familias bajacalifornianas que depositan día a día su seguridad en las instituciones.
En la Mesa de Análisis Político de Baja California, consideramos que este caso debe marcar un antes y un después en la política alimentaria escolar. El bienestar de los menores no admite negligencias ni errores de procedimiento. Cuando se pone en riesgo la salud de la niñez, no puede haber sanciones simbólicas, sino castigos ejemplares y reformas preventivas de fondo.
Porque en temas de salud pública —y especialmente cuando se trata de nuestras niñas y niños— la justicia no solo debe verse: debe sentirse y cumplirse con toda su fuerza.
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