En Baja California, los informes de gestión de diputados y senadores se han convertido en un ritual más que en un mecanismo real de rendición de cuentas: documentos voluminosos, eventos organizados, discursos ensayados… pero con escasa evidencia de resultados.
Según datos nacionales, cada diputado federal recibió un pago extraordinario de 58 mil 297 pesos para la presentación de sus informes de labores, por una bolsa total de alrededor de 29 millones 148 mil 500 pesos entre los 500 legisladores. (Latinus)
El problema no es sólo el monto: es que mientras se invierte dinero en “informes”, los contenidos rara vez responden a exigencias ciudadanas de transparencia, seguimiento de iniciativas e impacto concreto. En el plano estatal, se reporta que cada curul llega a costar más de 20 millones de pesos al año, sin que ello se traduzca en mayor productividad o rendición clara de cuentas. (OEM)
La consecuencia es una doble falla:
• La ciudadanía percibe que el informe sirve más como autoelogio que como instrumento útil de control democrático.
• Los propios legisladores se escudan en la formalidad de “haber entregado” el informe, sin que luego haya seguimiento real de lo informado.
Lo que se necesita es que ese gasto —en transporte, impresión, eventos, asesorías— rinda frutos visibles: leyes aprobadas, gestiones concluidas, recursos aplicados, problemas resueltos. No basta con el acto de entregar el documento.
La “diarrea” de informes sólo es legítima cuando el lector —la ciudadanía— puede ver que algo cambió gracias a lo que ahí se reporta. Hasta que los informes no dejen de ser un espectáculo y pasen a ser herramientas útiles, seguirán siendo más un gasto que una inversión en democracia.
