Los recientes hallazgos de fosas clandestinas en el Valle de Mexicali confirman una realidad que Baja California arrastra desde hace años: la crisis de desapariciones sigue vigente y la respuesta institucional continúa siendo insuficiente.
Estos descubrimientos no han sido resultado de estrategias sistemáticas del Estado, sino del trabajo incansable de los colectivos de búsqueda, integrados por familias que, ante la ausencia de resultados, se han visto obligadas a buscar con sus propios medios. Su labor ha sido clave para localizar restos humanos y visibilizar una problemática que muchos prefieren ignorar.
Que en una región emblemática como el Valle de Mexicali símbolo de desarrollo turístico, se encuentren fosas clandestinas, evidencia el contraste entre la imagen que se proyecta y la violencia que persiste bajo la superficie. En Mexicali, los hallazgos reiteran que este fenómeno no es aislado ni territorialmente limitado.
Los colectivos no solo buscan restos; exigen verdad, justicia y memoria. Cada fosa localizada representa tanto un avance doloroso como una muestra del vacío institucional que obliga a las familias a hacer el trabajo que corresponde al Estado.
Reconocer su valentía no es suficiente. El reto para las autoridades es asumir plenamente su responsabilidad, fortalecer las políticas de búsqueda y garantizar que la localización de personas desaparecidas deje de depender del esfuerzo ciudadano. En Baja California, la tierra sigue revelando verdades que el poder público ya no puede seguir ignorando.
