El gremio periodístico de Baja California volvió a alzar la voz.
No es un gesto retórico ni una consigna repetida por costumbre: es la renovación de una exigencia legítima, urgente y dolorosamente vigente para que se castigue a los autores intelectuales de los asesinatos de Lourdes Maldonado López y Margarito Martínez Esquivel.
Cuatro años han pasado desde aquellos crímenes que sacudieron a Tijuana y colocaron a Baja California en el foco nacional e internacional como uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo. A pesar de detenciones y sentencias contra autores materiales, la justicia sigue incompleta. Falta la parte más incómoda, la que toca intereses, la que desnuda estructuras de poder: quién ordenó los asesinatos.
El mensaje que hoy recibe el gremio es preocupante. Mientras los autores intelectuales no sean llevados ante la justicia, la impunidad se convierte en política no escrita y el riesgo para periodistas se normaliza. Castigar solo al ejecutor es aceptar que la violencia contra la prensa puede quedar a medias, que el miedo puede seguir operando como método de silenciamiento.
Las manifestaciones recientes frente a la fiscalía general del Estado no fueron actos de provocación. Fueron ejercicios de memoria y dignidad. Periodistas de distintos medios, generaciones y líneas editoriales coincidieron en una demanda común: verdad y justicia completas, no verdades fragmentadas ni expedientes congelados.
El asesinato de Lourdes Maldonado fue precedido por alertas públicas y solicitudes de protección que nunca fueron atendidas con la seriedad debida. El de Margarito Martínez ocurrió mientras documentaba la violencia que otros prefieren ocultar. Ambos casos exhiben fallas estructurales del Estado en la protección de quienes informan, investigan y cuestionan.
Hoy, el reclamo del gremio periodístico no es solo por dos nombres. Es por el derecho a informar sin miedo, por la garantía de que ejercer el periodismo no sea una sentencia de muerte y por la certeza de que en Baja California no habrá impunidad para quienes ordenan silenciar la verdad.
La exigencia es clara y no admite matices: los autores intelectuales deben ser identificados, procesados y castigados. Todo lo demás son discursos vacíos.
Porque mientras la justicia no llegue completa, la herida seguirá abierta y el periodismo en Baja California continuará trabajando bajo la sombra de la amenaza.
Y esa es una deuda que el Estado aún no ha saldado.
