Lo ocurrido en el fraccionamiento Chapultepec, en Tijuana, no es un simple robo. Es una escena propia de un Estado fallido: hombres armados, identificados como presuntos elementos de la Guardia Nacional, cerraron una calle, derribaron una puerta, sometieron a un médico y saquearon una vivienda como si se tratara de un botín de guerra.
No huyeron en la oscuridad ni actuaron con sigilo. Operaron con patrullas, armas, uniforme y la certeza de la impunidad. Mientras tanto, la víctima transmitía en vivo pidiendo ayuda, no a una corporación, sino a sus vecinos y amigos. Esa imagen resume el colapso: cuando la ciudadanía ya no espera nada de la autoridad.
Este no es solo un delito patrimonial. Es un asalto al Estado de derecho. Porque si fueron agentes reales, entonces la institución está infiltrada y corrompida hasta el punto de convertirse en una banda criminal. Y si fueron impostores, el diagnóstico es igual de grave: la autoridad ha perdido el control de su identidad, su fuerza y su territorio.
La advertencia del médico —tercer caso similar contra profesionistas de la salud— apunta a algo más oscuro: un patrón criminal dirigido, posiblemente selectivo, que utiliza la imagen del poder federal para intimidar, robar y desaparecer sin consecuencias.
Aquí no caben eufemismos. No fue un error operativo. No fue un exceso. Fue un crimen ejecutado desde el miedo que infunde el uniforme. Y cada hora de silencio oficial erosiona aún más la credibilidad de las instituciones encargadas de proteger a la población.
La Guardia Nacional, el gobierno federal y las autoridades estatales están obligadas a responder de inmediato: identificar a los responsables, exhibirlos públicamente y procesarlos penalmente. Cualquier otra reacción —investigaciones internas opacas, comunicados ambiguos o el clásico “se está revisando”— equivale a complicidad.
Cuando el uniforme se usa para robar, el Estado deja de ser garante y se convierte en amenaza. Y en Baja California, esa línea ya fue cruzada.
