La iniciativa presidencial de Reforma Electoral ha vuelto a colocar en el centro del debate nacional uno de los temas más sensibles para la vida pública del país: las reglas del juego democrático.
Reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, bajar los costos de las elecciones y “mandar a tierra” a 100 diputados plurinominales. Esa es, en términos generales, la columna vertebral de la propuesta.
Pero detrás de la narrativa del ahorro y la austeridad republicana, surgen preguntas de fondo que no pueden ignorarse.
El recorte al INE: ¿eficiencia o debilitamiento?
El Instituto Nacional Electoral ha sido, desde su creación, un pilar en la transición democrática mexicana. Ha organizado elecciones federales y locales con estándares técnicos reconocidos internacionalmente.
Reducir su presupuesto puede sonar popular en tiempos de austeridad, pero el punto clave es: ¿hasta dónde puede recortarse sin afectar su capacidad operativa?
Organizar elecciones en un país de más de 95 millones de electores no es una tarea menor. Implica capacitación, logística, fiscalización y sistemas tecnológicos complejos. Si el argumento es eliminar excesos, el debate debe centrarse en eficiencia, no en debilitamiento institucional.
Adiós a 100 plurinominales
La propuesta de eliminar 100 diputaciones de representación proporcional impactaría directamente a la Cámara de Diputados.
Actualmente, los llamados “pluris” garantizan la representación de minorías políticas y evitan que un solo partido sobrerrepresente su fuerza en el Congreso. La narrativa oficial plantea que son un gasto innecesario y una vía de acceso sin campaña territorial.
Sin embargo, su eliminación podría fortalecer a los partidos mayoritarios y reducir la pluralidad parlamentaria. La pregunta es si el ahorro económico compensa la posible pérdida de equilibrio político.
El costo de la democracia
Reducir costos electorales es una demanda legítima. La democracia mexicana es cara. Pero también ha sido producto de décadas de reformas que buscaron evitar fraudes, inequidades y concentración del poder.
En Baja California, donde la alternancia política ha sido una constante en los últimos años, el equilibrio institucional ha permitido transiciones pacíficas. Cualquier reforma debe garantizar que esos contrapesos se mantengan intactos.
¿Reforma estructural o ajuste político?
Más allá de cifras y recortes, el debate de fondo es político:
¿Se busca hacer más eficiente el sistema o redefinir el balance de poder?
La Reforma Electoral no puede analizarse solo desde el ahorro presupuestal. Está en juego el diseño institucional que sostiene la competencia democrática.
En la Mesa de Análisis Político de Baja California, la discusión apenas comienza. Porque reformar las reglas del juego implica algo más que reducir costos: implica redefinir el futuro de la representación política en México.
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