ENSENADA, BC.– Con el objetivo de incidir de manera conjunta en las decisiones públicas que impactan el empleo formal y la competitividad regional, el Consejo Agrícola de Baja California y Coparmex Ensenada formalizaron un convenio de colaboración orientado a coordinar agendas estatales y nacionales frente al complejo contexto económico, laboral y fiscal que enfrenta la entidad.
El presidente del Consejo Agrícola de Baja California, Walberto Solorio Meza, señaló que el acuerdo va más allá de un acto protocolario y responde a la necesidad de tomar decisiones conjuntas entre organismos con estructura y representación nacional, particularmente en un entorno que presiona de manera directa a los sectores productivos.
Destacó que el sector agrícola y agroindustrial de Baja California concentra más de 120 mil empleos formales, intensivos en mano de obra, estrechamente vinculados a las condiciones laborales y fiscales vigentes. En ese sentido, advirtió que el impuesto sobre nómina del 4.25 por ciento, el más alto del país, frena la competitividad regional y pone en riesgo la permanencia de fuentes de trabajo.
Solorio Meza añadió que, aunado a los incrementos acumulados al salario mínimo superiores al 100 por ciento en los últimos años, los costos laborales se han elevado entre 15 y 20 por ciento, generando una presión creciente sobre la operación de las empresas formales.
Asimismo, alertó sobre un incremento de la informalidad en el sector agrícola, derivado de la falta de alternativas para sostener la formalidad, lo que provoca una competencia desigual entre empresas que cumplen con sus obligaciones laborales y fiscales y aquellas que no lo hacen. Subrayó que este fenómeno no sólo afecta al campo, sino al conjunto de la planta productiva, incluyendo comercio, industria y servicios.
Por su parte, el presidente de Coparmex Ensenada, Alberto Muñoz, explicó que el convenio permitirá coordinar agendas, compartir información técnica y presentar propuestas conjuntas ante instancias estatales y federales. Destacó que Coparmex cuenta con presencia en más de 70 centros empresariales a nivel nacional, lo que fortalece la capacidad de incidencia en temas de alcance federal.
Muñoz recordó que Coparmex ha planteado una reducción del impuesto sobre nómina al 3.0 por ciento, propuesta que, de acuerdo con evaluaciones del organismo, podría traducirse en una captación de inversión nueva de entre 15 y 20 por ciento, la generación potencial de 80 mil a 100 mil empleos, la atracción de 25 a 35 nuevos proyectos industriales y un impacto acumulado en el PIB estatal de entre 8 y 10 por ciento.
El dirigente empresarial enfatizó que el contexto actual no es propicio para la imposición de nuevas cargas fiscales, particularmente en un escenario marcado por reformas laborales en proceso, como la reducción de la jornada laboral, la Ley Silla y otros ajustes regulatorios que requieren procesos de adaptación por parte de las empresas.
Ambos presidentes coincidieron en que la agenda conjunta incluirá, además del tema fiscal, la revisión de reformas laborales, la certificación agroexportadora en sectores como aguacate, berries y tomate, la negociación del T-MEC y la implementación de la Ley de Aguas Nacionales, especialmente en lo relativo a concesiones, transmisión de derechos y condiciones específicas de la zona costa de Baja California.
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