En Línea Baja California
Mexicali, BC.- El Congreso del Estado de Baja California presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para frenar acuerdos que permitirían pagar indemnizaciones millonarias a magistrados del Tribunal de Justicia Electoral del Estado (TJEBC), luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechara la impugnación por considerar que el tema no es materia electoral.
El diputado Juan Manuel Molina García, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), explicó que este fallo del TEPJF no significa que el asunto esté cerrado, sino que abre la vía para discutir el fondo del tema en la Suprema Corte.
“Más que un revés, representa un avance jurídico al establecer que no es materia electoral. Ahora vamos a la vía constitucional para proteger las facultades del Congreso en materia de gasto público”, sostuvo.
El legislador detalló que, aunque aún no hay notificación formal ni publicación del proyecto respectivo, la Sala Superior indicó que el derecho precluyó en lo electoral, pero aclaró que eso no implica extemporaneidad en la vía constitucional.
Señaló que la controversia constitucional es un recurso indispensable para que la SCJN analice si los acuerdos del TJEBC violan las atribuciones exclusivas del Poder Legislativo al comprometer recursos públicos sin autorización presupuestal.
Molina García también recordó que existe jurisprudencia del TEPJF que permite analizar si un funcionario electoral es trabajador con derecho a indemnización o si, por el contrario, es la parte patronal, lo que le impediría acceder a esos pagos.
“Estamos hablando de más de 4 o 5 millones de pesos que se pretendían entregar sin viabilidad presupuestal y sin la autorización del Congreso del Estado”, subrayó el diputado, quien cuestionó además el silencio de sectores que suelen opinar sobre gasto público y que ahora han guardado silencio.
Finalmente, indicó que la demanda fue elaborada por la Consultoría Legislativa y el Departamento Jurídico del Congreso, con base en la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional y sus reformas más recientes.
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