Aumenta acoso y hostigamiento sexual en la frontera: advierten especialistas

En Línea Baja California

Tijuana, BC.- La ciudad fronteriza ocupa el segundo lugar nacional, solo detrás de la Ciudad de México, en delitos de acoso y hostigamiento sexual, alertó Carlos Atilano Peña, coordinador del Consejo de Seguridad y Causas Ciudadanas, al presentar un panorama preocupante de violencia sexual en la entidad.

Durante su exposición —que contó con la presencia del neuropsicólogo Pedro Uriarte, especialista en salud mental y derecho— Atilano Peña subrayó que Baja California enfrenta altas tasas de incidencia e impunidad en estos delitos.

En los primeros dos meses de 2025, el estado encabezó el país en llamadas al 911 por abuso sexual con 187 reportes, y registró 168 llamadas por acoso u hostigamiento sexual, solo superado por CDMX y Estado de México. De enero a mayo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contabilizó 1,867 carpetas por delitos contra la libertad y seguridad sexual en la entidad, que incluyen acoso, hostigamiento, abuso, violación e incesto.

El activista recordó que Baja California ya había sido primer lugar nacional en 2023 por llamadas de abuso sexual (1,334) y destacó que en el primer trimestre de 2024 se reportaron 377 llamadas por acoso/hostigamiento, con una tasa de 9.26 por cada 100 mil habitantes, frente a un promedio nacional de 2.23.

Entre 2021 y 2023, las denuncias por hostigamiento sexual en BC crecieron un 112 %, pasando de 94 en 2021 a 210 en 2022 y 547 en los primeros seis meses de 2023. En el ámbito escolar, hasta noviembre de 2024 se recibieron 1,896 denuncias en educación básica y media, pero apenas 21 trabajadores fueron removidos.

Atilano Peña recordó que, aunque desde marzo de 2022 el estado tipifica el acoso sexual (castigado con 6 meses a 1 año de prisión) y el hostigamiento sexual (2 a 4 años de prisión si hay subordinación), la aplicación de la ley sigue siendo débil. Criticó la falta de personal en la fiscalía, la nula aplicación de medidas cautelares para proteger a las víctimas y la alta proporción de casos que terminan en mediación o se abandonan ante la falta de avances.

“Hay un aumento real en llamadas y denuncias de acoso, hostigamiento y abuso sexual. Pero persisten la impunidad, la sobrecarga institucional y las pocas sanciones concretas”, advirtió.

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