Playas de Rosarito, BC.- Con el firme objetivo de prevenir, atender y erradicar la trata de personas, el Sistema DIF Baja California, que preside la Dra. Mavis Olmeda García, llevó a cabo el foro especializado “Trata de Personas: Respuestas Institucionales, Retos Jurídicos y Cooperación Internacional”, con la presencia de autoridades, especialistas, académicos y representantes de organismos nacionales e internacionales.
El foro forma parte del compromiso de la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda por proteger la dignidad y los derechos de los sectores más vulnerables, en una entidad fronteriza que es punto de origen, tránsito y destino para personas víctimas de explotación.
Durante su intervención, Olmeda García subrayó que la trata de personas es un delito que vulnera gravemente los derechos humanos y que exige una respuesta integral, estructural y humana:
“Hemos apostado por programas que atacan este flagelo desde la raíz, combinando acciones preventivas, educativas y comunitarias, con la capacitación constante de nuestro personal y la coordinación con la sociedad civil, la academia y organismos internacionales”, afirmó.
Se destacó que este espacio permitió fortalecer el Programa Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con aportaciones de especialistas como el Dr. Irving Espinosa Betanzo, ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la Dra. Carmen Gabriela Ruiz Serrano, investigadora de la UNAM; y la Dra. Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro de la SCJN, quien participó de manera virtual.
Otros ponentes fueron la Dra. Tania María Ibarra Villaescusa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la Dra. Marisa B. Ugarte, de Bilateral Safety Corridor Coalition, y el Mtro. Jorge Leonardo Padrón Pernía de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), quienes abordaron temas clave como los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA), género, violencia estructural y estándares internacionales de atención a víctimas.
La presidenta del DIF estatal hizo hincapié en que la ley castiga la trata de personas con penas de 5 a 15 años de prisión y multas significativas, pero que la mejor herramienta contra este delito es la prevención y coordinación interinstitucional:
“En Baja California hay voluntad política y sensibilidad social para enfrentar esta problemática con decisión”, recalcó.
El evento contó con la participación de autoridades estatales y municipales, como Rocío Adame Muñoz, alcaldesa de Playas de Rosarito; Elena Anguiano Rentería, subsecretaria de Atención a Grupos Prioritarios; y Fernando Alonso Becerra Pinales, jefe de la oficina de UNICEF México en Baja California, entre otras y otros representantes clave en la materia.
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