Propone Michelle Sánchez que FGE emita dictámenes médicos en casos penales

En Línea Baja California

Mexicali, BC.- Con el propósito de mejorar el acceso a la justicia en casos relacionados con presunta mala praxis médica, la diputada Michel Sánchez Allende presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, que permitiría a la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de su Dirección de Servicios Periciales, emitir los dictámenes en materia penal que actualmente están en manos de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado (CAME).

Durante su exposición de motivos, la legisladora argumentó que la CAME no tiene atribuciones legales para emitir dictámenes periciales en materia penal, pues su función se limita a emitir opiniones técnicas sobre procedimientos médicos, sin efectos vinculantes en procesos judiciales. En contraste, los Servicios Periciales de la FGE sí están facultados como auxiliares del Ministerio Público dentro del sistema penal acusatorio.

Sánchez Allende subrayó que con esta reforma se busca que peritos especializados de la FGE determinen la existencia o no de responsabilidad penal en delitos como lesiones u homicidio, cuando estos deriven de reacciones adversas, complicaciones o errores en tratamientos médicos.

Como ejemplo, citó el caso de Reyna Michel, joven que falleció tras una laparoscopía al sufrir una lesión en la arteria izquierda que derivó en una hemorragia fatal. Según la diputada, casos como éste evidencian la necesidad de contar con dictámenes sólidos, emitidos por profesionales forenses certificados, que permitan esclarecer con prontitud si hubo delito o fue una complicación médica.

La iniciativa también destaca que la FGE ya cuenta con una estructura adecuada, así como personal pericial capacitado en diversas ramas de la medicina, lo cual permitiría emitir dictámenes más ágiles y conforme a derecho. Además, se incluiría un artículo transitorio para que, en un plazo de 180 días, la Fiscalía capacite y/o contrate al personal necesario para asumir esta nueva facultad.

Finalmente, Sánchez Allende puntualizó que la CAME no ha actualizado sus procesos conforme a las reformas del Código Nacional de Procedimientos Penales ni a la Ley Orgánica de la FGE, por lo que esta propuesta representa una adecuación necesaria para garantizar procesos penales justos y técnicamente sustentados.

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