El reciente anuncio de la depuración y reestructuración de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) realizado por el general Laureano Carrillo Rodríguez, secretario de Seguridad Ciudadana del Estado, no puede entenderse como un hecho aislado. Llega en un momento particularmente delicado para la corporación y para el propio Gobierno del Estado, tras la revelación del robo de un cargamento de cocaína cometido presuntamente por elementos de la FESC en Tijuana, ocurrido en octubre de este año, un caso que sacudió la credibilidad de las instituciones encargadas de resguardar el orden público.
Hasta el momento, 14 elementos han promovido amparos y varios más fueron suspendidos como parte de la investigación judicial y administrativa derivada de ese hecho, que evidenció una profunda crisis de confianza interna en los cuerpos de seguridad. En ese contexto, la decisión de emprender una depuración y reestructuración integral resulta inevitable, pero también plantea un desafío mayor: reconstruir la legitimidad del uniforme y de la autoridad policial ante la ciudadanía.
El general Carrillo Rodríguez ha subrayado la necesidad de atacar la corrupción “de forma integral”, combinando sanción, capacitación y valores. No basta, sin embargo, con separar a los elementos señalados; el verdadero reto será construir un modelo de servicio público policial basado en ética, transparencia y respeto a los derechos humanos, capaz de resistir las presiones del crimen organizado y las tentaciones del poder.
La seguridad pública en Baja California no puede seguir siendo rehén de sus propias sombras. Los casos de abuso, complicidad o criminalidad dentro de las fuerzas estatales han minado durante años el esfuerzo de miles de agentes honestos que sí cumplen con su deber. Como bien lo señaló el titular de la SSCBC, “son más los policías buenos”, pero hoy el sistema les debe algo más que reconocimiento: les debe protección, profesionalización y liderazgo con ejemplo.
Este proceso de depuración no puede quedarse en el plano administrativo. Requiere también una revisión profunda del modelo de reclutamiento, de las condiciones laborales y de los incentivos que permitan atraer y retener perfiles comprometidos. La corrupción institucional no se erradica únicamente con castigos, sino con estructuras que impidan su reproducción.
La sociedad bajacaliforniana observa con escepticismo, pero también con esperanza. La transparencia con la que se maneje este proceso será clave para determinar si estamos ante una transformación real o un operativo de control de daños.
La credibilidad de la Fuerza Estatal —y por extensión, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana— dependerá de que esta depuración no se convierta en una purga simbólica, sino en un nuevo punto de partida hacia una policía confiable, profesional y cercana a la gente.
Porque sin confianza, no hay seguridad posible.
— Mesa de Análisis Político de Baja California
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