Las nuevas movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación reabren un debate que, lejos de resolverse, se recicla cada ciclo político: la frontera difusa entre la legítima defensa de derechos laborales y el uso faccioso de la protesta como herramienta de presión en contextos preelectorales.
Nadie puede negar que muchas de las demandas de la CNTE tienen raíces históricas: rezagos salariales, condiciones laborales precarias y rechazo a reformas educativas que, en su momento, se percibieron como punitivas. Sin embargo, la reiteración de bloqueos, paros y afectaciones a la movilidad en puntos estratégicos del país —particularmente en regiones fronterizas— comienza a mostrar un desgaste no solo social, sino también económico.
En Baja California y la franja norte, donde la dinámica productiva depende de la movilidad constante de mercancías y trabajadores, estas acciones tienen un impacto inmediato. El cierre de vialidades y la interrupción de actividades no solo afectan al comercio local, sino que generan pérdidas en cadenas logísticas binacionales que difícilmente se recuperan en el corto plazo.
El problema de fondo no es la protesta en sí, sino su timing y su narrativa. En un contexto preelectoral, las movilizaciones adquieren inevitablemente un tinte político. Distintos actores buscan capitalizar el descontento, ya sea para presionar agendas gubernamentales o para posicionarse frente al electorado. En ese juego, las demandas magisteriales corren el riesgo de convertirse en moneda de cambio.
El país no puede seguir atrapado en este ciclo. Las causas legítimas requieren soluciones estructurales, no su explotación coyuntural. Y la protesta, para mantener su legitimidad, debe evitar convertirse en rehén de intereses políticos que poco tienen que ver con la educación.
Porque cuando la presión se convierte en bloqueo permanente, el costo ya no lo paga el gobierno: lo paga la ciudadanía.
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