EU sanciona a facción del Cártel de Sinaloa en Baja California; la considera terrorista

Tijuana, Baja California, septiembre 18 de 2025.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra una facción del Cártel de Sinaloa con presencia en Baja California, a la que calificó como organización terrorista extranjera.

Las medidas alcanzan a políticos, empresarios, ex policías y operadores vinculados a la estructura de Los Mayos, brazo que responde a Ismael “El Mayo” Zambada.

Entre los sancionados se encuentra Hilda Araceli Brown Figueredo, ex alcaldesa de Playas de Rosarito en dos periodos y actual diputada federal de Morena. Según el informe, Brown habría actuado como intermediaria de los hermanos Arzate, líderes regionales del cártel, facilitando la recolección de pagos de extorsión y brindando protección mediante la Secretaría de Seguridad de Rosarito.

El empresario rosaritense Jesús González Lomelí, propietario de bares y restaurantes como Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos El Caimán, fue señalado por presuntamente utilizar sus negocios para lavar millones de dólares de la organización criminal.

Asimismo, el transportista Candelario Arcega Aguirre, identificado con empresas como la Sociedad Mutualista de Transporte Unido de Baja California y Transporte Urbano y Suburbano del V Municipio S.A. de C.V., figura entre los sancionados.

De igual forma, los ex policías municipales Mario Alberto y Karlo Omar Herrera Sánchez fueron incluidos en la lista negra, acusados de colaborar con González y Arcega en la protección de las operaciones del grupo criminal.

En el nivel operativo, el Tesoro apuntó a Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, identificado como líder del brazo armado de Los Mayos en Playas de Rosarito. De acuerdo con el gobierno estadounidense, Ponce Félix está vinculado a secuestros, homicidios, tortura y al control de rutas de narcotráfico hacia California.

“El Cártel de Sinaloa es una organización terrorista extranjera que continúa traficando narcóticos, lavando sus ganancias y corrompiendo a funcionarios locales”, declaró John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.

Con las sanciones, todos los activos de los señalados en Estados Unidos quedan congelados y se prohíben transacciones con ellos. Además, empresas y personas que colaboren con esta red corren el riesgo de enfrentar sanciones secundarias.


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