El reciente ataque con drones explosivos contra instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California representa un hecho sin precedentes en la historia de la seguridad pública en la entidad. No sólo constituye una agresión directa a las instituciones encargadas de la procuración de justicia, sino también un mensaje alarmante sobre el nivel de organización, audacia y poder que han alcanzado ciertos grupos delictivos.
A pesar de la gravedad del atentado, la respuesta institucional ha sido limitada y la agresión permanece impune, sin que hasta el momento se haya informado sobre responsables detenidos o líneas de investigación sólidas. Este silencio oficial genera preocupación en la ciudadanía, que observa con inquietud cómo se normalizan ataques cada vez más sofisticados contra las autoridades, mientras las investigaciones parecen estancarse.
El uso de drones con explosivos eleva el riesgo y la complejidad del fenómeno delictivo en Baja California. No se trata de un hecho aislado, sino de una clara advertencia sobre la capacidad tecnológica de los grupos criminales para desafiar al Estado. Este tipo de atentados requieren una respuesta coordinada entre los tres niveles de gobierno, con inteligencia, firmeza y transparencia.
En una entidad fronteriza como la nuestra, donde convergen dinámicas de migración, comercio y crimen organizado, la debilidad institucional se paga caro. La población exige claridad, resultados y una estrategia que no sólo reaccione, sino que prevenga.
El atentado contra la FGE no puede quedar como una estadística más ni como una nota de coyuntura. Se trata de un desafío directo al Estado de Derecho. Si no hay responsables identificados y procesados, el mensaje que queda es devastador: que se puede atacar a las instituciones sin consecuencias.
Baja California necesita certeza, justicia y una respuesta contundente. La impunidad, una vez más, no puede ser el cierre de esta historia.
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