TIJUANA.- Un exfuncionario del 24 Ayuntamiento de Tijuana, durante la administración de la exalcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, fue vinculado a proceso por presunto uso indebido de recursos públicos en la compra irregular de un sistema contable que nunca funcionó.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Baja California (FECC) informó que el imputado, identificado como Gabino “N”, se desempeñaba como director de Tecnologías de la Información cuando autorizó pagos por más de 37 millones de pesos a la empresa Management Technology Innovations S.C., sin que el sistema contratado operara ni cumpliera con las especificaciones técnicas establecidas.
El contrato —con número ADQ-2023AD-081— fue otorgado por adjudicación directa en agosto de 2023, por un monto total de 92 millones 916 mil 107 pesos.
De acuerdo con la carpeta de investigación, el exfuncionario avaló los pagos sin verificar avances ni resultados, generando un daño patrimonial millonario al Ayuntamiento.
El fiscal anticorrupción Javier Salas Espinoza explicó que la adquisición se justificó bajo el argumento de cumplir con los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero el software nunca cumplió su propósito.
“El caso de Gabino ‘N’ refleja la forma en que algunos servidores públicos toman decisiones contrarias al interés ciudadano”, señaló.
Durante la audiencia inicial, la Fiscalía presentó pruebas documentales, dictámenes técnicos y testimonios que demostraron la omisión del funcionario en la supervisión del contrato.
El juez de control resolvió vincularlo a proceso y otorgó tres meses para la investigación complementaria, mientras se analizan posibles responsabilidades de otros exservidores públicos y de la empresa proveedora.
Salas Espinoza subrayó que el caso forma parte de una estrategia para recuperar los recursos desviados y reforzar la rendición de cuentas en los gobiernos municipales.
“No se trata solo de señalar responsables, sino de devolver a la sociedad lo que se le quitó”, afirmó.
Con esta resolución, dijo,
la Fiscalía Anticorrupción reafirma su política de cero tolerancia ante el mal uso del dinero público y su compromiso por garantizar que los actos de corrupción cometidos durante administraciones pasadas no queden impunes.
