La militarización del Instituto Nacional de Migración (INM) ha generado un agravamiento en las violaciones a los derechos humanos de personas migrantes en México, señala un informe elaborado por la investigadora Paola García. De acuerdo con la autora, este proceso combina prácticas militares, opacidad institucional y uso irregular de la fuerza. La investigación destaca que el fenómeno se ha consolidado en los últimos años.
García explicó que, aunque México posee un marco legal garantista, éste se queda en el papel. El análisis normativo expuesto en el informe titulado “La militarización del Instituto Nacional de Migración (INM) y sus implicaciones en las violaciones a derechos humanos de las personas migrantes”, reveló serias contradicciones y uno de los hallazgos más críticos está en la desactualización de los manuales internos del INM.
“De 41 manuales, solo había dos actualizados hasta 2020 y el resto estaban desactualizados desde 2012”, señaló García, quien consideró que esta falta de regulación provoca que los procesos de verificación migratoria se ejerzan con alta discrecionalidad. A ello se suma la ausencia de mecanismos de control interno.
Según García, estos sistemas “son contradictorios en la normativa del Instituto”, ya que asignan responsabilidades a direcciones que ya no existen. Esto deja sin supervisión efectiva las detenciones y el actuar cotidiano de los agentes migratorios.
Excesivo uso de la fuerza
La investigadora también señaló que el INM niega oficialmente tener facultades de uso de la fuerza. “El Instituto responde: no tengo facultades de uso de la fuerza”, dijo. Sin embargo, las evidencias muestran que sí la emplea sin los protocolos exigidos por la Ley General de Uso de la Fuerza.
El informe detalla que el instituto no genera los reportes que la ley exige después de cada operativo. “Deberían recibirse informes pormenorizados… tal cosa no sucede”, afirmó. Esta omisión dificulta documentar abusos y viola el marco legal vigente.
La investigación subraya que el INM ha construido una visión del migrante como enemigo, explicando que esto deriva de su reconocimiento como instancia de seguridad nacional desde 2005. Esta perspectiva permea el diseño y ejecución de políticas migratorias.
Persecución hacia el migrante
El origen militar del enfoque también se refuerza con la legislación de la Guardia Nacional. Este cuerpo participa en operativos de detención, lo cual consolida una narrativa de persecución. La autora sostiene que el INM opera bajo “un derecho penal excepcional” que criminaliza la movilidad.
El informe evidencia además el uso de lenguaje eufemístico para ocultar violaciones. “A las detenciones arbitrarias se les llama rescates humanitarios”, ejemplificó García. La práctica busca impedir que la opinión pública conozca la gravedad de los operativos.
Las armas utilizadas en los operativos también representan riesgos. El personal del INM ha recibido capacitación para emplear “bastones, escudos y aparatos para dar choques eléctricos”, señaló la autora. Existen recomendaciones oficiales que documentan lesiones graves derivadas de estas prácticas.
Operatividad con patrón militar intimidatorio
Las estrategias operativas revelan un patrón militar. Una de las más recurrentes es el desplegar fuerzas para intimidar. También se documenta “perfilamiento racial” y separación de familias como método de coerción.
El proceso de militarización se profundiza con la presencia creciente de mandos militares al frente de oficinas del INM. “Más del 46% de las oficinas tenían titulares con formación militar”, explicó García. Los estados con más abusos —Sonora, Veracruz y Chiapas— coinciden con estas designaciones.
Además del uso de fuerza, el INM opera tecnologías propias del ámbito militar. El instituto ha adquirido drones, lectores biométricos y herramientas de hackeo, muchas provenientes de cooperación con Estados Unidos. Estas tecnologías se emplean en tareas de vigilancia previa a operativos.
México al servicio de EEUU
El informe también documenta la opacidad en acuerdos bilaterales. Aunque el INM asegura que “no hay acuerdos de cooperación”, al mismo tiempo publica comunicados donde coordina acciones con autoridades estadounidenses. Esta ambigüedad aumenta los riesgos de violaciones sistemáticas.
García señaló que el impacto alcanza también a defensores de derechos humanos. El caso de criminalización en Tapachula ejemplifica cómo el INM acusa incluso la promoción de amparos. “El amparo no es un delito”, recordó la investigadora.
Como conclusión, el informe advierte que la militarización del INM reproduce prácticas del Ejército: opacidad, impunidad y violencia. García subrayó que esto coloca en riesgo extremo a migrantes y defensores. “En vez de verlas como personas con necesidades de protección, se les trata como amenazas”, sostuvo.
ANP.
