Tijuana.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) presentó «Más allá del delito: Diagnóstico sobre las causas que llevan a las mujeres a prisión», informó el ombudsperson, Jorge Álvaro Ochoa Orduño.
Al respecto, el presidente de la CEDHBC señaló que la privación de la libertad de las mujeres refleja una problemática compleja donde influyen factores estructurales, sociales, económicos e institucionales; «a diferencia de los hombres, las trayectorias que conducen a las mujeres a prisión suelen estar marcadas por historias de violencia de género, condiciones de desigualdad, ausencia de redes de apoyo y la presencia de sistemas familiares vulnerables que inciden directamente en sus decisiones y contextos de vida.
Para la realización del Diagnóstico, la CEDHBC contó con la colaboración del Instituto Municipal de la Mujer Tijuana (Inmujer) y de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario (Cesispe), cuya
participación fue clave para permitir la realización del estudio y el acceso a la información necesaria para su desarrollo.
El propósito de este documento es visibilizar realidades de las mujeres en prisión, aportar datos objetivos y alentar la posibilidad de transformar las condiciones que pueden desencadenar esas situaciones.
«En un contexto donde la mayoría de las mujeres han enfrentado precariedad laboral, falta de acceso a la educación, violencia familiar o coacción por parte de redes delictivas, resulta indispensable replantear las respuestas institucionales. Por ello, el informe busca no solo describir las causas inmediatas de la privación de la libertad, sino también identificar y señalar áreas de oportunidad dentro del sistema de justicia y las omisiones en la protección de los derechos humanos que profundizan la vulnerabilidad de estas mujeres», puntualizó el ombudsperson.
Por su parte, la secretaria ejecutiva, Ixchelt Guadalupe, informó que para la realización del Diagnóstico, personal de la CEDHBC, con el apoyo de Cesispe e Inmujer Tijuana, llevó a cabo, el 4 de agosto de 2025, en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Mesa, en Tijuana, la aplicación de entrevistas a mujeres privadas de la libertad; al momento del levantamiento de la información se habían contabilizado a 431 mujeres, pero accedieron a participar 411 de ellas.
Entre las conclusiones, en el Diagnóstico se muestra que:
La privación de la libertad de las mujeres en Tijuana no puede
entenderse únicamente desde la comisión de un delito, sino desde la suma de desigualdades estructurales que atraviesan sus vidas. La mayoría ha vivido violencia de género, precariedad económica, falta de acceso a servicios básicos, oportunidades laborales limitadas y ausencia de redes de apoyo, condiciones que vulneran su autonomía y las colocan en mayor riesgo de criminalización.
Se evidencian fallas del sistema de justicia —incluida la prisión preventiva prolongada y la defensa legal insuficiente— que profundizan estas desigualdades.
Reconocer estos factores es indispensable para avanzar hacia políticas públicas que garanticen justicia con perspectiva de género, reduzcan la reincidencia, fortalezcan la reinserción social y protejan de manera efectiva los derechos humanos de las mujeres
privadas de la libertad.
En este sentido, la recopilación de información muestra de manera concluyente lo siguiente:
● La edad que predomina en las mujeres privadas de la libertad es de 32 años, con un 5.83%;
● La nacionalidad predominante es la mexicana, con un 92%;
● En cuanto al estado civil, el 70.8% es soltera;
● El 84.7 % de las mujeres entrevistadas es madre;
● La mayoría de las mujeres recluidas en el Cereso residían previamente en la delegación Sánchez Taboada, con el 10.46%;
● De las 411 mujeres privadas de la libertad solo 4 manifestaron formar parte de un pueblo o comunidad indígena. El 82.96% no habla otro idioma además del español y el 12.16% habla el inglés;
● Cuatro de las mujeres entrevistadas hablan únicamente el inglés, y sí se les proporcionó una persona traductora durante su proceso judicial;
● La orientación sexual de la mayoría de las mujeres privadas de la libertad es heterosexual, con un 81%;
● El 98.1% de las mujeres recluidas se identifica con el género femenino;
● El 90.99% mencionó no tener ninguna discapacidad y el 3.89% tiene discapacidad visual;
● El nivel educativo del 45.5% de las mujeres entrevistadas antes de ingresar al Cereso corresponde a secundaria;
● 220 mujeres (53.53%) reportaron haber tenido trabajo informal antes de la detención;
● En relación con el apoyo gubernamental, sólo el 7.8% manifestó haber recibido algún apoyo gubernamental antes de su detención, como despensas, becas escolares, apoyo para la compra de medicamentos o la Tarjeta Violeta;
● En cuanto al ingreso mensual, el 32.39% de las mujeres entrevistadas recibía entre
4,000 y 8,000 pesos por su actividad económica;
● Condiciones de vivienda: antes de su detención, 191 mujeres rentaban, lo que representa el 46.47%;
● En relación con la salud física y mental, el 38.19% tiene algún tipo de enfermedad física o mental que requiere tratamiento continuo;
● El 73.5% manifestó haber sufrido algún tipo de violencia en alguna etapa de su vida antes de su detención;
● Sólo el 13.9% de las mujeres que sufren violencia presentó denuncia;
● El 55.6% no tuvo red de apoyo en el momento que ocurrió la violencia;
● En el caso de la violencia sexual, se encontró que el 87% de las personas agresoras eran miembros de su familia;
● El 20% de las mujeres privadas de la libertad ha reincidido;
● El 39.90% de las mujeres privadas de la libertad en el Cereso La Mesa cuenta con una sentencia;
● El 26% de las mujeres señaló que sus parejas estuvieron involucradas en el delito por el cual se encuentran privadas de la libertad;
● El 42.6% de las mujeres entrevistadas contó con una defensa pública;
● El 50.1% de las mujeres privadas de la libertad no recibe visitas
Los resultados completos del Diagnóstico pueden consultarse en la página de la CEDHBC, a través del link: https://goo.su/JKchE0w
Finalmente, Jorge Álvaro Ochoa Orduño puntualizó que, a través del Diagnóstico, la CEDHBC presenta un instrumento para contribuir a la construcción de políticas públicas más justas, con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, interseccionalidad e interculturalidad. «Para que esto sea posible, es fundamental que las acciones gubernamentales tengan como eje central prevenir la criminalización de mujeres en situación de riesgo, garantizar el acceso efectivo a la justicia, focalizar la atención en zonas con mayor rezago social y fortalecer los procesos de reinserción social», subrayó.
