• La legisladora del PT demanda a Alejandro Arregui informar sobre las inspecciones comprometidas en gasolineras Chevron en Tijuana
• Pide acciones inmediatas ante denuncias de explotación, ausencia de salarios y represalias contra trabajadores.
Mexicali, B.C.- “Hoy no vengo a pronunciar un discurso tibio ni diplomático ni cómodo; vengo con la voz encendida por la indignación, por la dignidad y la responsabilidad que tengo como representante del pueblo trabajador de Baja California”, expresó desde tribuna la diputada Yohana Gilvaja, al presentar un exhorto urgente en materia laboral.
La legisladora denunció que en estaciones Chevron, ahora Mobil, de Tijuana, se está violando la Constitución y la Ley del Trabajo, pues los despachadores no reciben un salario digno y se les permite laborar únicamente a cambio de propinas, como si esto fuera un privilegio. Calificó esta situación como “explotación laboral disfrazada, una esclavitud moderna con uniforme”.
Explicó que, tras hacer pública esta situación, recibió miles de mensajes de trabajadores de otras gasolineras en todo Tijuana, quienes describieron condiciones laborales abusivas, ausencia de salarios, jornadas extendidas y represalias contra quienes denuncian, a lo que se sumaron testimonios de empleados de restaurantes, así como de trabajadores de bares que afirmaron operar bajo esquemas de propinas sin salario base, bajo amenaza y silenciamiento obligado.
Yohana Gilvaja hizo notar que esta situación fue expuesta formalmente ante el secretario del Trabajo durante la glosa del informe, donde asumió el compromiso de enviar inspectores al día siguiente.
En ese sentido, presentó la proposición para exhortar al titular de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado, Alejandro Arregui Ibarra, para que informe el resultado de la inspección comprometida respecto a las estaciones de combustibles Chevron y Mobil, así como las medidas adoptadas frente a empresas que implementan prácticas laborales similares, incluyendo gasolineras, restaurantes, bares y demás establecimientos señalados por la ciudadanía.
“Nuestra lealtad está con los trabajadores de Baja California, no con los intereses corporativos, y si alguien pretende convertir el trabajo en limosna, el derecho en un favor o la ley en simulación, este Congreso tiene la obligación moral y legal de actuar”, reiteró la congresista del PT.
El exhorto logró el respaldo unánime de las diputadas y los diputados de las distintas fuerzas políticas, al reconocer que las denuncias expuestas por la legisladora evidencian prácticas laborales que vulneran derechos fundamentales y requieren una respuesta inmediata del Estado.
