En Línea Baja California
TIJUANA, BC.– Con el objetivo de fortalecer la eficacia del Sistema de Justicia Penal y cerrar vacíos legales que pueden derivar en impunidad, la diputada Adriana Padilla Mendoza presentó una iniciativa de reforma al artículo 118 del Código Penal de Baja California, para que la prescripción de la acción penal se interrumpa no solo con la aprehensión del imputado, sino también desde el momento en que es vinculado a proceso.
La legisladora explicó que la propuesta cuenta con un sólido fundamento jurídico y responde a la necesidad de adecuar la legislación local a las exigencias de un sistema penal moderno, transparente y efectivo, como el que impulsa el Sistema Penal Acusatorio en la entidad.
Padilla Mendoza subrayó que la reforma busca garantizar un sistema más eficiente y justo, fortaleciendo la protección de los derechos de las víctimas y el acceso a la justicia, al tiempo que evita que el simple transcurso del tiempo o fallas técnicas, como la falta de aprehensión del imputado, favorezcan la impunidad.
Actualmente, el artículo 118 del Código Penal establece que la prescripción de la acción penal se interrumpe únicamente con la aprehensión del imputado, es decir, con su detención formal, cuando ha transcurrido la mitad del lapso necesario para la prescripción. No obstante, esta disposición omite un elemento clave dentro del Sistema Penal Acusatorio: la vinculación a proceso.
La diputada del Partido Verde Ecologista de México advirtió que esta omisión ha generado escenarios en los que, pese a que un imputado ya fue vinculado a proceso y el asunto se encuentra en trámite ante el Poder Judicial, la prescripción continúa corriendo si la persona no ha sido detenida, lo que puede provocar la extinción de la acción penal antes de que el caso sea resuelto.
En un sistema basado en la oralidad, la transparencia y la celeridad, la vinculación a proceso es una etapa fundamental, ya que define si un caso avanza formalmente hacia juicio y permite que el procedimiento se desarrolle de manera expedita y con las garantías legales correspondientes.
Sin embargo, el marco jurídico vigente en Baja California no contempla que dicha etapa procesal interrumpa el curso de la prescripción, aun cuando ya haya transcurrido la mitad del tiempo establecido, lo que representa una laguna legal susceptible de ser aprovechada para evadir la justicia.
Finalmente, Padilla Mendoza señaló que esta reforma permitiría cerrar esa brecha normativa, reforzando la persecución de los delitos y evitando que la falta de una aprehensión inmediata, pese a existir una vinculación formal al proceso judicial, derive en impunidad.
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