
En Línea Baja California
MEXICALI, BC.– Tras el incidente registrado en la garita internacional de Calexico, California, la diputada local de MORENA, Alejandra María Ang Hernández, emitió un posicionamiento público en el que aclaró que el ingreso de más de 10 mil dólares en efectivo se debió a un error involuntario y que los recursos son de carácter estrictamente personal y lícito.
A través de un comunicado, la legisladora explicó que, previo a cruzar a Estados Unidos, no resguardó en su domicilio una cantidad de dinero en efectivo que estaba destinada a la compra de un vehículo, la cual superaba el umbral permitido por la legislación estadounidense para ingresar o salir del país sin declaración.
“Quiero ser absolutamente clara: son recursos personales de mi esposo y su servidora, derivados de ahorros de años de trabajo y la venta de un automóvil”, precisó Ang Hernández, al subrayar que en ningún momento se trata de recursos públicos ni de procedencia irregular.
La diputada informó que actualmente se encuentra atendiendo el proceso administrativo correspondiente ante las autoridades estadounidenses, con el objetivo de aclarar, documentar y recuperar el dinero de su propiedad, y reiteró que está cooperando plenamente con las instancias involucradas.
Asimismo, desmintió versiones que señalaban la supuesta retención o revocación de sus documentos migratorios, al puntualizar que estos no fueron retirados ni cancelados durante el procedimiento.
“Estoy cooperando plenamente y entregaré toda la información requerida para cerrar este trámite con puntualidad”, sostuvo.
En su mensaje, la legisladora agradeció a quienes han dado seguimiento al caso con responsabilidad y reiteró su compromiso con la legalidad y la transparencia en el ejercicio de su función pública.
El caso generó atención mediática debido a que la normativa estadounidense establece la obligación de declarar cualquier cantidad superior a 10 mil dólares al cruzar la frontera, con el fin de prevenir delitos financieros. En este contexto, el procedimiento aplicado corresponde a un trámite administrativo y no a una acusación penal, mientras se revisa el origen y destino del efectivo.
Finalmente, Ang Hernández enfatizó que mantendrá una postura abierta y colaborativa hasta la conclusión del proceso, reiterando que su actuación se apega a la ley y a los principios de rendición de cuentas que ha sostenido durante su trayectoria pública.
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