Aprueba Congreso entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en BC

EN LINEA BAJA CALIFORNIA

MEXICALI, BC.- En sesión ordinaria, el Congreso del Estado de Baja California declaró la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la entidad, con lo que se garantiza que las personas que acudan a los tribunales en materias civil y familiar cuenten con un marco procesal homologado, más ágil y transparente, que fortalece el acceso a la justicia y la protección de sus derechos.

La declaratoria se dio en respuesta a la solicitud presentada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, encabezado por el magistrado presidente Alejandro Isaac Fragozo López, quien remitió el escrito correspondiente al Poder Legislativo para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución local y en los artículos transitorios del decreto federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023.

El acuerdo, leído ante el Pleno por la legisladora Montserrat Murillo, establece un calendario progresivo para la implementación del nuevo Código en los distintos partidos judiciales de Baja California.

De acuerdo con lo aprobado, la aplicación iniciará en Playas de Rosarito el 1 de marzo de 2026; continuará en Tecate el 17 de agosto de 2026; en Mexicali, sede Ciudad Guadalupe Victoria, el 22 de septiembre de 2026; y en Ensenada el 1 de diciembre de 2026.

Posteriormente, se incorporarán San Quintín el 12 de febrero de 2027; Mexicali, sede Ciudad Morelos, el 23 de marzo de 2027; San Felipe el 31 de marzo de 2027; Mexicali, sede central, el mismo 31 de marzo; y finalmente Tijuana, también el 31 de marzo de 2027.

Se precisó que la entrada en vigor del Código estará sujeta a la viabilidad presupuestal, correspondiendo al Poder Judicial del Estado la facultad de adoptar las medidas necesarias para su correcta implementación, con especial énfasis en la consolidación de la justicia digital y la oralidad.

La finalidad de este Código Único es unificar y modernizar los procedimientos judiciales, con el objetivo de ofrecer una justicia más eficiente, accesible y cercana a la ciudadanía, además de eliminar las diferencias normativas entre las entidades federativas y garantizar procesos homogéneos que impulsen la digitalización, la oralidad y el respeto a los derechos humanos.


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